Las 375 familias que viven del trabajo directo en la fábrica de aluminio A Coruña y las 313 de Avilés (Asturias) ven la luz al final del túnel del largo conflicto laboral iniciado en octubre, cuando Alcoa anunció su intención de cerrar las dos plantas. La multinacional estadounidense y los representantes de los trabajadores alcanzaron un acuerdo en la madrugada de ayer, después de semanas de negociaciones enquistadas. Ambas partes dan por buena la venta al fondo de inversión suizo Parter Capital Group, con quien la aluminera ha suscrito un contrato para vender las dos fábricas. La operación solo pende de una última "condición suspensiva", matizó Alcoa en un comunicado: Que Parter abone este mes el aval de 30 millones de dólares (26,7 millones de euros) que le requiere el vendedor. "Si la adquisición no pudiera completarse el 31 de julio, se prevé que la aplicación del despido colectivo y de las medidas del plan social comiencen a partir de 1 de agosto", advierte Alcoa. La aluminera se compromete además a desembolsar 125 millones de euros para que Parter puedan recuperar las series de electrólisis, paradas en febrero. La cantidad es considerablemente superior a los 40 millones consignados en enero.

Las discrepancias sobre el aval (Parter aportaba activos como garantía y Alcoa pedía liquidez) fueron precisamente lo que tensó las negociaciones hace una semana, cuando Alcoa amagó con frustrar la operación, pero el pasado lunes „con la mediación del Gobierno„ los suizos accedieron a pagar la cantidad requerida antes de que acabe el mes. Por eso, tanto el Ministerio de Industria como los trabajadores confían ahora en la firmeza de la venta y celebraron ayer el desbloqueo del proceso.

Una vez cerrado el trato entre Alcoa y Parter el último escollo era la ratificación por parte de los trabajadores, una formalidad que la empresa exigía y los sindicatos rechazaban. El comunicado del fin del conflicto llegó ayer a las tres de la mañana. El comité de empresa de Alcoa A Coruña anunciaba "un acuerdo" para "ampliar el plazo de la ejecución de venta de las plantas al 31 de julio", el mismo plazo dado a Parter para pagar el aval. No habrá ratificación (el Gobierno apoyó a los sindicatos en su negativa a avalar una venta que no depende de ellos) ni hará falta negociar más documentos. Si el inversor helvético cumple, se cerrará la operación y simplemente se ha de "convocar a la Mesa Técnica Estatal para informar del final del proceso de venta de las plantas", concreta el comité. "Asimismo, si a 31 de julio de 2019 el proceso de venta de las plantas fracasara por no poder Parter cumplir las exigencias financieras solicitadas, „continúa el comunicado de los trabajadores„ se ejecutarán las medidas contenidas en el plan social", en referencia a los despidos, prejubilaciones y recolocaciones en San Cibrao. En tal caso Alcoa solo mantendría 114 trabajadores en la planta de A Coruña y 91 en la de Avilés.

"Los sindicatos han aceptado la información que Alcoa ha dado sobre la venta y eso nos abre un horizonte de poder trabajar en un proyecto de futuro para las dos plantas de Alcoa, proyecto que no solo garantiza el 100% de los 700 puesto de trabajo, sino la actividad de las dos plantas de Aviles y A Coruña por al menos dos años", valoró la ministra de Industria, Reyes Maroto; "es lo que todos queríamos", resaltó. En la misma línea, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, „partícipe de las últimas negociaciones„ señaló que con el acuerdo de ayer entre empresa y trabajadores se evita la entrada en vigor el lunes del ERE (expediente de regulación de empleo) acordado en enero y se proporciona un "futuro industrial y laboral" durante al menos dos años, aunque la voluntad del inversor es la de establecerse a largo plazo en España e "ir más allá", aseguró. También la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, expresó la "alta satisfacción "del Ejecutivo por el acuerdo.

Parter garantiza la continuidad del empleo durante 24 meses, vinculado a la actividad de las fundiciones. A partir de verano de 2021, el volumen de la plantilla dependerá de si el inversor consigue reactivar la producción de aluminio primario (lo hará solo si el precio de la electricidad baja los suficiente para que le resulte viable) y también de la rentabilidad de la producción secundaria. Sin electrólisis, el fondo calcula mantener a unos 250 empleados en cada fábrica.

El escollo del precio eléctrico

La fabricación de aluminio, una de las actividades industriales más intensivas en electricidad, dependerá de las condiciones del mercado eléctrico para la gran industria. En este sentido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó ayer de "parche" la actual solución de Alcoa y urgió al Gobierno central a aprobar el estatuto de la industria electrointensiva, llamado a abaratar la luz. "La propuesta de Parter es una propuesta de dos años condicionada al precio de la energía, que si no se produce [la rebaja] dentro de dos años volveremos a estar con los trabajadores de Alcoa en la cuerda floja", auguró Feijóo. "La solución para todas las empresas electrointensivas en España es un precio concreto de la energía para que puedan producir con seguridad", concluyó el presidente autonómico.s

En ese sentido, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, confió en que la regulación de la electricidad industrial sea pronto una realidad: "Espero que tengamos ya Gobierno en Madrid para que el primer Consejo de Ministros apruebe ese estatuto electrointensivo que está preparado", afirmó.

Los sindicatos de Alcoa Avilés admitieron ayer tener un "sabor agridulce" tras el acuerdo alcanzado por para desbloquear la venta porque la actividad aluminera todavía tiene "la espada de Damocles" del alto precio de la energía. También el comité coruñés reclamó en reiteradas ocasiones la aprobación del estatuto para que a industria electrointensiva pueda ser competitiva. El plan de negocio de Parter fija en 40 euros el megavatio-hora (MWh) el precio al que tiene que bajar la electricidad para que le compense producir aluminio en A Coruña y Avilés. Según un informe de la patronal electrointensiva, el precio medio que pagó esta industria el año pasado fue de 60 euros por MWh.

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, celebró el acuerdo pero también reclamó un precio eléctrico "sin excusas". Para Conde, el hecho de que las garantías de empleo se limiten a dos años "tiene nombre y apellidos: el Gobierno socialista que no está asumiendo sus compromisos", censuró. El conselleiro remarcó que hay que "exigir que se deje de excusas y dé una estabilidad a la industria electrointensiva" antes del 31 de julio y añadió que la Xunta seguirá "acompañando el proceso" no solo para que Alcoa, Parter y los trabajadores cierren "todos los aspectos vinculados con la continuidad", sino también para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se ponga de perfil y, por lo tanto, asuma su compromiso desde el punto de vista del precio eléctrico".