Parter Capital Group será a partir de agosto el dueño de la fábrica de aluminio de A Grela, siempre y cuando pague el aval que le exige Alcoa antes de que acabe el mes. El fondo de inversión suizo asegura durante dos años la actividad de las fundiciones tanto en A Coruña como en Avilés, pero la incógnita está en si volverán a producir aluminio primario, actividad central de ambas fábricas hasta el pasado febrero. Parter solo recuperará las electrólisis si dispone de un precio eléctrico más barato y estable, pero es optimista respecto al mercado. "Los costes de producción son elevados, pero las condiciones son favorables al rearranque", sostiene el inversor helvético en su Estrategia de Inversión para las dos fábricas que Alcoa pretendía cerrar. El mismo documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala la guerra comercial desatada por Donald Trump „que ha impuesto fuertes aranceles al aluminio de países como China y Rusia„ como una oportunidad para producir el metal en España.

"Las condiciones de mercado para el aluminio primario son interesantes tras el cierre de China y Rusia por las fuertes sanciones estadounidenses y la reducción de capacidad de las plantas de electrólisis en Estados Unidos", indica el proyecto de industrial de Parter. Con las electrolisis de A Coruña y Avilés paradas desde febrero, la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) es la única que produce aluminio primario en toda España. La factoría lucense es la última instalación fabril de Alcoa en el país y ya advirtió de que si no se ataja con urgencia el problema eléctrico la producción de aluminio primario será inviable en España. El complejo de A Mariña además de fabricar aluminio integra una planta de alúmina, una producción más rentable con la que la propia Alcoa surte a sus fábricas del resto de Europa.

La electricidad absorbe hasta el 40% de los costes de producción de una fábrica aluminera. Esta dependencia energética hace que esta industria sea enormemente sensible al mercado eléctrico. Para respaldar a estas compañías y ante la crisis de Alcoa, el Gobierno se comprometió a principios de año a regular con urgencia un nuevo marco eléctrico para la gran industria. El borrador del llamado Estatuto de Consumidores Electrointensivos se publicó en marzo, pero el Ejecutivo no consiguió cumplir su promesa de aprobar la regulación antes de las elecciones. Ahora, las empresas que más energía consumen (electrointensivas, como Alcoa, Ferroatlántica o Megasa o Celsa) esperan que el primer Consejo de Ministros dé luz verde a la nueva regulación , una vez que se consiga formar Gobierno.

Compromiso de Industria

A falta de estatuto, el Ministerio de Industria entregó una carta a Parter en la que expresa su "compromiso" para "proporcionar un suministro eléctrico asequible a todas las industrias electrointensivas de España". Industria confía en que las medidas del nuevo reglamento "disminuirán el coste de la energía para las industrias electrointensivas entre el 20% y el 25% respecto a los valores actuales, lo que supondrá una reducción entre 12 y 15 euros megavatio-hora (MWh)".

El plan de Parter argumenta que las plantas de aluminio primario "necesitan precios de la electricidad por debajo de los 40 euros/MWh" para ser viables. Un informe de la patronal electrointensiva cifra en 60 euros el coste medio en 2018. La continuidad de toda la plantilla (actualmente 375 trabajadores en A Coruña y 313 en Avilés) depende de que se reactiven las electrólisis. Inicialmente Parter enfoca su negocio a la refusión de alto valor añadido. Si 2021 no fabrica aluminio primario, el número de trabajadores dependerá de la rentabilidad de las fundiciones. Parter estima que en tal caso baje a 250 empleos por planta.