13 de julio de 2019
13.07.2019

Auge económico y ventajas fiscales elevan un 26% los gallegos en Portugal desde 2013

El país deja exentos la mayoría de ingresos para los foráneos y tiene un tipo reducido de su IRPF para las rentas del trabajo || Hacienda y Atriga inspeccionan los traslados

12.07.2019 | 22:40
Auge económico y ventajas fiscales elevan un 26% los gallegos en Portugal desde 2013

El Gobierno de Portugal está dándole vueltas a un cambio en las medidas que convirtieron al país en un destino de tributación low cost. Mucho se ha hablado de nombres famosísimos como el Aga Khan, la cantante Madonna, los actores Mónica Bellucci y Michael Fassbender o, hasta hace muy poco, el exvicepresidente de Coca-Cola y actual diputado por Ciudadanos, Marcos de Quinto. Pero el ventajoso régimen fiscal no afecta a las grandes rentas solo. También los trabajadores de un buen número de sectores pueden beneficiarse de un tipo reducido del 20% en el Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS, el equivalente al gravamen de la Renta español) para sus ingresos allí y la exención en la declaración de lo que reciben de fuera, como ocurre, por ejemplo, para los jubilados extranjeros que fijan su domicilio fiscal en suelo luso. Esa modificación solo reducirá, y poco, las actividades "de elevado valor añadido" con derecho a beneficiarse del régimen fiscal de residentes no habituales. El resto se mantiene para preservar el "efecto llamada" a ciudadanos de toda Europa, incluidos los gallegos, cada vez más presentes al otro lado del Miño. Eran casi 4.400 a 1 de enero de este año, según los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un incremento del 26% desde 2013, cuando Portugal empezó a sacar músculo económico „el norte roza el pleno empleo„ y se popularizaron sus ventajas fiscales.

El régimen de los residentes no habituales (RNH) se aprobó en 2009. A medida que aumentó la fama de Portugal como alumno aventajado entre las economías rescatadas, el sistema fue también ganando adeptos, sin olvidar el papel jugado por el turismo en la promoción del país y de las recetas para su milagro económico. Los datos oficiales conocidos sobre el número de beneficiarios llegan hasta 2017. Asciende a 27.367 personas, de las que unas 2.100 son profesionales de alto nivel y el resto perceptores de rentas de capital y jubilados. Pero el número de extranjeros que se van para allí no para de aumentar. El de españoles lleva dos ejercicios subiendo por encima del 12%, hasta más de 14.000 en 2018. Además de los distritos fuertes „el caso de Lisboa, donde el aumento fue del 15,7%, y Oporto (11,8%)„, destacan Braga (20,4%), Aveiro (16,4%) y dos puntos turísticos reconvertidos en retiro dorado en Europa: Faro (15,9%) y Madeira (33%), según los datos del Servicio de Estrangeros y Fronteras de Portugal, que admite que los beneficios fiscales están detrás de los aumentos disparados de hasta el 50% en la entrada de ciudadanos italianos, franceses o de países nórdicos. De hecho, Finlandia y Suecia ya tomaron medidas para finiquitar la doble exención de impuestos de las pensiones. De los 4.368 gallegos que viven en Portugal, 808 son menores de 16 años; otros 2.441 llegan hasta los 64 años; y 1.119 tienen 65 o más, un grupo de población que aumentó muy por encima del resto desde 2013, un 31%. Hacienda ha puesto la lupa a los traslados de contribuyentes españoles a Portugal. Según publicó esta semana el diario Expansión, el organismo estudia si las mudanzas son reales o se trata de simulaciones de residencia fiscal, una de las prioridades del plan de inspección de este año. Así aparece también en el programa de actuaciones de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga): "Comprobación de los domicilios declarados y sus modificaciones para corregir deslocalizaciones por simulaciones de cambios de residencia, en colaboración y coordinación con las restantes comunidades y la Agencia Tributaria Estatal", recoge la Xunta. Además de contar con una casa en propiedad o alquiler, las autoridades lusas exigen pasar 183 días seguidos o alternos en el país para dar una autorización de 10 años.

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