La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que impute al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos "ilícitos" que hizo al excomisario José Villarejo y que afectaron a "varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos" durante "un prolongado período".

Los fiscales del caso Tándem presentaron ayer al juez Manuel García Castellón un informe pidiendo que se investigue al BBVA como persona jurídica, en el que indican que uno de los directivos del banco cobró "dádivas" del excomisario por conseguirle contratos con el banco.

En el informe también rechazan la petición del banco de personarse como parte perjudicada y detallan las razones por las que quieren investigar al banco por "múltiples" de esos tres delitos.

Uno de ellos, el de corrupción en los negocios, responde a las supuestos regalos o comisiones que, según fuentes fiscales, pudo cobrar uno de los directivos del BBVA imputado en la causa a cambio de facilitar los contratos con el Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo.

La Fiscalía indica que esos contratos a Cenyt, que se extendieron de 2004 a 2017, afectaron a áreas sensibles de la entidad y a varios de sus ejecutivos, y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía Nacional.

Es precisamente por su condición de policía por lo que el banco no podía contratarle para labores de espionaje como las que encargó al excomisario en 2004 ante una OPA hostil de Sacyr.

De esa incompatibilidad para ser policía y espía a la vez nace la petición de imputación por el delito de cohecho activo, puesto que, dice Anticorrupción, las contrataciones tuvieron como objeto "servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito".

Y es que Villarejo pudo acceder a "seguimientos personales", a las "comunicaciones" y a "documentación bancaria" de los espiados gracias a sus contactos en la Policía como miembro del cuerpo.