11 de septiembre de 2019
11.09.2019

La primera sentencia del cártel del camión en A Coruña absuelve a Iveco del sobreprecio

La juez no considera probada la relación entre la empresa matriz, multada por la CE, y la filial española || El fallo contrasta con otro que condenó al fabricante en Pontevedra

10.09.2019 | 22:42
Un camión de la marca Iveco en las obras de una autovía.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha desestimado la demanda de un transportista que reclamaba la devolución de unos 6.000 euros del supuesto sobreprecio que pagó a Iveco, uno de los seis fabricantes a los que la Comisión Europea impuso en 2016 una multa de 2.930 millones de euros por haber formado un cártel para inflar los precios de los camiones entre 1997 y 2011. Esta sentencia es la primera sobre el fraude del cártel del camión conocida en la provincia de A Coruña y la segunda en Galicia. Es además la primera en la comunidad en la que el fabricante resulta absuelto. La misma compañía, Iveco, fue condenada por el sobreprecio en un caso similar juzgado recientemente en Pontevedra.

La sentencia dictada en A Coruña, a la que ha tenido acceso este periódico, absuelve al fabricante de camiones argumentando que "la parte actora no ha probado cuál es la vinculación entre Iveco SPA (la demandada) y la mercantil Iveco Pegaso SL [su filial en España]". Tampoco considera probado el vínculo entre el concesionario oficial de Iveco en A Coruña donde el camionero adquirió el vehículo en 2004, Inturasa-Pérez Rumbao, y la empresa matriz.

Por ello, la sentencia „que puede ser recurrida„ no entra a valorar el posible perjuicio económico sufrido por el demandante, que reclamaba la devolución de 6.385 euros más intereses. Esa cantidad es la que a su juicio corresponde con "la cuantía pagada en exceso" en la compra de un vehículo por el que abonó 40.020 euros.

Este criterio adoptado por el Mercantil 1 puede afectar a otros casos pendientes de sentencia en A Coruña. Las denuncias de los transportistas por el perjuicio que les causó el cártel de los camiones se van resolviendo a cuentagotas en España con distintos resultados, aunque predominan las estimatorias. El pasado diciembre un juzgado de Murcia dictó la primera sentencia en el país, que condenó a Volvo a devolver 129.000 euros a un cliente (el 20,7% del precio que había pagado por los vehículos). Según fuentes jurídicas, la existencia de distintas resoluciones para casos iguales en este proceso pueden llevar a la intervención del Tribunal Supremo, que podría establecer una criterio unánime a través de la casación.

En Galicia, las principales asociaciones profesionales del transporte, Fetram y Fegatrans, estiman que puede haber unos 5.000 gallegos afectados por este fraude. Las sentencias en esta comunidad llegan con más retraso por efecto de la pasada huelga de la Justicia.

La mayor parte de sentencias (escasas hasta el momento) dan por hecho la relación entre los fabricantes sancionados Bruselas y sus filiales en distintos países de la Unión, una premisa que el Mercantil 1 no asume en este caso.

El porcentaje en el que se cuantifica el sobrecoste varía de unas sentencias a otras. Si en la dictada en Murcia en diciembre se admitía el 20,7%, en la de Pontevedra solo se aceptó el 9%. La cantidad oscila en función del perjuicio económico que en cada caso los jueces consideren probado en el informe pericial.

El fallo del Juzgado mercantil 1 de Pontevedra, con fecha del 30 de agosto, estimó un sobrecoste de 30.735 euros en la compra de cinco camiones por los que el afectado pagó casi 393.000 euros. Iveco no compareció en el proceso.

La Comisión Europea confirmó en julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a cinco fabricantes de camiones „MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF„ a los que acusó de haber pactado los precios de venta de sus vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes. Fue la multa más importante impuesta por Bruselas a un cartel empresarial hasta la fecha, después de la sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.

Los cinco fabricantes admitieron las prácticas. Al año siguiente la Comisión Europea (CE) sancionó también a Scania, con 880,5 millones de euros, por los mismos hechos. El fabricante sueco rechazó colaborar con el Ejecutivo, por lo que no se benefició de la reducción de la multa que sí disfrutaron las otras implicadas.

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