Los trabajadores de la compañía R Cable y los empleados de las empresas vinculadas a la operadora han tomado el relevo de las movilizaciones laborales en A Coruña tras la venta de Alcoa. La próxima, mañana, coincide con una concentración a partir de las 18.00 horas en el Obelisco "en defensa del empleo directo e indirecto" de la firma con sede en A Coruña. R pertenece al Grupo Euskaltel desde 2015.
"La comarca se juega en torno a 1.200 empleos, 200 directos y, sobre todo, más de 1.000 indirectos desde que el fondo británico Zegona asumió el control de la gestión en junio", afirma el presidente del comité de empresa de R, Javier Gómez. A lo largo del verano, recuerda, "se produjo un goteo de despidos y externalizaciones en la empresa matriz que afectó a más de 25 trabajadores, y también asistimos a la rescisión del contrato de servicios que prestaban diversas empresas colaboradoras", comenta.
"Tenemos que parar esto, de lo contrario corremos el riesgo de entrar en un bucle de deslocalizaciones y despidos", añade. A su juicio, el modelo impuesto por Zegona, basado en el ahorro de costes, "va en detrimento de la calidad, la gran enseña de R que nos ha llevado a presentar los mejores ratios del Grupo Euskaltel".
De ahí que la concentración convocada para el jueves tenga la finalidad de que "la ciudadanía muestre su rechazo a las actuales políticas de la compañía". "Nuestro objetivo es obtener un compromiso con el empleo local, por eso también necesitamos que las administraciones, desde la Xunta al Concello, se impliquen en esta causa", afirma Gómez.
En este sentido, ayer, en la Comisión Sexta del Parlamento gallego, compareció la secretaria xeral de Emprego de la Xunta, Covadonga Toca, quien recalcó el "máximo compromiso" de la Xunta para "mantener el empleo" en las subcontratas de R Cable, con cuyos trabajadores aseguró que "están en contacto desde el primer momento".
Así respondió a la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo, quien recordó que esta situación se mantiene desde 2015, cuando la empresa vasca Euskatel adquirió R y, a pesar de haberse comprometido "a dar continuidad" al empleo, "la realidad es que desde el primer momento inició un proceso de deslocalización, fundamentalmente de servicios de mantenimiento, hacia Asturias y País Vasco". Ello podría afectar, según sus cifras, a unos 1.000 puestos de trabajo.
Al señalar la socialista que su respuesta era simplemente "políticamente correcta", la secretaria xeral de Emprego reiteró que están "de lado de los trabajadores" y apeló a "ser responsables": "No se pueden adoptar soluciones si no se conoce la situación y el contexto", aseveró.
