Alrededor de 200 personas se concentraron ayer ante los juzgados de A Coruña en apoyo a los sindicalistas de CCOO y los trabajadores de Alcoa investigados judicialmente a raíz de la movilización ante el Congreso de los Diputados el pasado 28 de marzo. Esta protesta reclama el archivo de la causa en la que se les acusa de atentado contra la autoridad una vez que se cierre este proceso de diligencias previas, en el que Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de empresa coruñés declaró ayer en A Coruña y el resto de investigados de CCOO lo harán el 8 de octubre en Ferrol.

Víctor Ledo, secretario de Industria de CCOO en Galicia, investigado judicialmente, defendió que "en ningún momento hubo ningún tipo de violencia" y que no comprenden "por qué la Policía actuó de una manera completamente desmedida".

Momentos antes de la movilización se supo que la jueza renuncia a citar como imputados a los diputados de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino, Rafa Mayoral. El juzgado pide a la Cámara que certifique su condición de aforados.

En la protesta, Yolanda Díaz aseguró que "es una pena que en el día de hoy el artículo 315.3 del Código Penal siga aún vigente". "Tienen razón los trabajadores, esto es una auténtica represión y exigimos la derogación inmediata como piden los sindicatos de este precepto que permite lo que hoy está pasando", aseveró en la puerta del juzgado.

Asimismo, Díaz expresó su preocupación por Alcoa San Cibrao: "Se pueden ir todos aún a la calle". El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, se reunió ayer con representantes de los trabajadores de la planta lucense, a quienes trasladó que sigue la situación de "incertidumbre" por la falta de "medidas concretas" del Gobierno para "solucionar el problema de la energía para la industria del aluminio".

El Gobierno en funciones espera que el coste de la energía para la gran industria se reduzca un 20% con la entrada en vigor de las medidas incluidas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que prepara y espera aprobar una vez se constituya un Ejecutivo en plenas facultades.

Las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés, que Alcoa vendió al fondo suizo Parter Capital este verano, están en un "compás de espera" según aseguró ayer el consejero de Industria asturiano, Enrique Fernández, quien afirmó que la nueva dirección de la aluminera ha pedido unos meses para analizar la situación de la empresa, así como posibles nuevas líneas de negocio.