El sindicato CIG exigió ayer la "implicación inmediata" de la Xunta en el conflicto existente en las contratas de R Cable para evitar la deslocalización de servicios y empleos en el operador de telecomunicaciones promovida desde junio por el accionista mayoritario. La central nacionalista pide al Gobierno gallego que realice "las gestiones necesarias para frenar el proceso de traslado y deslocalización de servicios y empleo iniciado por Euskaltel-Zegona".
La CIG afirma también que una de las subcontratas de R, Indra, comunicó a los empleados "una modificación sustancial de las condiciones laborales a nueve trabajadoras tras la decisión de R de recortar el contrato del servicio de vigilancia de red, prescindiendo de los turnos de noche y de fin de semana, que pasan a realizarse desde Asturias".
Según el comité de empresa de la operadora R, "la comarca coruñesa se juega en torno a 1.200 empleos, cerca de 200 directos y, sobre todo, más de 1.000 indirectos".
