El anuncio de cierre de la planta de Alcoa, en octubre del año pasado, abrió la caja de Pandora del problemático marco eléctrico de la gran industria y forzó al Gobierno a tramitar un estatuto para rebajar la factura de la luz de las empresas con mayor consumo de energía (electrointensivas). La crisis de la aluminera se cerró en julio con la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés (Asturias) al fondo suizo Parter, pero la regulación eléctrica prometida para antes de las elecciones generales del 28-A se quedó en borrador, con el problema de fondo por resolver. El futuro de la fábrica de aluminio de A Grela a partir de 2021 depende de la competitividad del coste eléctrico en España. También la producción y la aplicación o no del ERE en Ferroglobe (Sabón) y Ferroatlántica (Cee-Dumbría) desde enero. O la supervivencia de la última factoría española de Alcoa, en San Cibrao (Cervo, Lugo). Celsa Atlantic, Megasa, Showa Denko... están en juego 5.000 empleos en Galicia, según los cálculos de la Xunta, los que sostiene la industria electrointesiva.

La solución al problema eléctrico industrial se lleva mal con la inestabilidad política. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tumbara en abril el texto elaborado por el Ejecutivo central, la cercanía de los comicios llevó al estatuto electrointensivo a un cajón en el que lleva unos seis meses, a la espera de que prospere una investidura. El Gobierno en funciones, argumentan los socialistas, no permite aprobar esta norma, que esa lista „según insiste la ministra de Industria, Reyes Maroto„ para recibir luz verde en cuanto se constituya un Ejecutivo.

Entretanto, las empresas electrointensivas en España asumen costes energéticos un 60% superiores a los de Francia y un 45% por encima de los de Alemania, según la patronal electrointensiva (AEGE). Alcoa ya ha advertido que si las condiciones se mantienen en el país, no será rentable producir aluminio, lo que pone en riesgo sus 1.200 empleos directos en A Mariña. Parter no piensa volver a activar las electrólisis para producir aluminio primario en A Coruña salvo que el precio del megavatio-hora baje de los 40 euros (ahora ronda los 60 euros). Mientras, apuesta por refundir el metal (lo que requiere menos energía), pero dos meses y medio después de la compra, la plantilla denuncia que no hay noticias del plan industrial. El compromiso de empleo acaba en agosto de 2021 y si para entonces los trabajadores tienen que salir de nuevo a la calle a gritar "enerxía, solución", las opciones de futuro se complican.