La preocupación compartida por el futuro de las más de 700 familias que viven de la central de carbón de As Pontes no bastó ayer para que los grupos se pusiesen de acuerdo en el pleno extraordinario celebrado en la Diputación de A Coruña con la central pontesa como único punto del orden del día. Tras dos horas de debate y sin presencia de los trabajadores, la sesión se cerró con el rechazo de los demás grupos a una propuesta del PP para "exigir al Gobierno de España medidas urgentes para la inmediata reapertura" de la térmica y, en caso contrario, "la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera".

El presidente provincial y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE) se negó a pedir dimisiones desde un foro "tan respetuoso" como la Diputación y tachó de "electoralista" la propuesta de los populares, rechazaron modificar el texto. El asunto quedó desestimado con 17 votos en contra de PSOE, BNG, Marea Atlántica y Alternativa dos Veciños, frente a 12 a favor del PP.

Más allá de la petición de cese de Ribera, los grupos discreparon sobre las causa y los culpables de que Endesa haya decidido adelantar el cierre de la central de carbón de As Pontes, la mayor térmica de España. La portavoz del PP, Martina Aneiros, cargó contra la "política energética improvisada, desordenada y sin planificación" del Gobierno central y apuntó a la ministra como "la mayor responsable" de las "pérdidas millonarias" que supondrá para Galicia.

El PSOE, en boca de Bernardo Fernández, rebatió que la responsabilidad del Gobierno central "no es la única" y apuntó al popular Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, por haber autorizado que los fondos de inversión y los bancos puedan "especular" con los derechos de emisión de CO2, una modificación del mercado que ha disparado este coste desde los 4,30 euros por tonelada que marcaba en mayo de 2017 hasta los 26 euros de ayer. Fernández incidió en que este recargo por emisiones contaminantes diseñado por la UE "pesa diez euros" de los 16 euros de diferencial negativo que tiene Endesa en cada megavatio de electricidad que produce con carbón, mientras que el céntimo verde (impuesto estatal que grava la energía producida con carbón) "pesa solo seis euros".

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La Diputación de A Coruña celebra un pleno sobre la industria de As Pontes

El representante de Marea Atlántica, Alberto Lema, retrotrajo el problema de la "desertización industrial" de Galicia a las privatizaciones de los sectores estratégicos de los años 80 y 90, a manos de PP y PSOE. "Vivimos la época de las consecuencias", concluyó Lema. El presidente provincial coincidió en apuntar a la "fatídica" privatización de Endesa en el Gobierno de Aznar y criticó también la "ausencia" de España en la negociación del protocolo de Kioto en 2004. "De aquellos polvos, estos lodos", zanjó Formoso, quien insistió en la necesidad de buscar "medidas paliativas para una situación compleja" y afirmó que es "muy difícil" que las acciones del Gobierno reviertan el cierre de la central.

El nacionalista Xosé Regueira criticó la pérdida de 17.294 puestos de trabajo desde que la empresa pública italiana Enel tomó el control de Endesa, con el 70% del capital. A juicio del también vicepresidente de la Diputación, la crisis de la central de As Pontes "es un problema de falta de peso político de Galicia".

El líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, lamentó que "se vendieran las empresas del país a multinacionales". Por otra parte, censuró la convocatoria del propio pleno extraordinario. "Ya se trató el tema en plenos pasados. ¿A santo de qué se convoca, como no sea para cobrar los 590 euros de dietas de cada diputado?", cuestionó García Seoane. La Diputación aprobó en septiembre por unanimidad una moción de apoyo a las térmicas.