El Parlamento de Galicia acordó ayer instar a la Xunta a ejercer el papel de mediador en el conflicto laboral que mantienen los trabajadores de las auxiliares de la compañía R Cable por la deslocalización de los puestos de trabajo fuera de la comunidad gallega. El texto también solicita al Gobierno autonómico la constitución de una mesa del sector del telemárketing para reducir la "precaridad" de los trabajadores.
La moción, promovida por Grupo Común da Esquerda, fue aprobada por unanimidad. Se trata de la única moción que recibió luz verde del hemiciclo de las cuatro sometidas a debate, pues la mayoría del PPdeG tumbó las otras tres, presentadas también por la oposición y relativas a asuntos como la situación laboral en la comunidad, la oferta de suelo empresarial y la atención sanitaria de la población adscrita a Povisa. Así, el texto aprobado con los votos de todos los diputados presentes reclama a la Consellería de Industria que asuma un "papel activo de mediación" para organizar una mesa de negociación con presencia de sindicatos, trabajadores y representantes tanto de R Cable como de su propietaria, Euskaltel, de cara a abordar una salida a un conflicto "que amenaza la permanencia de empleos en Galicia".
De este modo, la Cámara reclama que estos puestos de trabajo "continúen" en la comunidad. Asimismo, también solicitan la elaboración de un estudio sobre las condiciones laborales en el sector del telemárketing que evalúe la situación de las contrataciones, la "calidad" del empleo y la existencia de riesgos laborales.
Por último, el Parlamento gallego apuesta por la constitución de una mesa del sector en la que se sienten patronal y sindicatos de cara a lograr acuerdos "a medio plazo estables que disminuyan la precaridad y la temporalidad del sector, mejorando las condiciones del trabajo y limitando la subcontratación".
Cerca de 1.200 empleos
La decisión de la Cámara gallega se produjo un día después de que los trabajadores de R y de sus empresas auxiliares se manifestasen en A Coruña bajo los lemas "R no se cierra" y "No a la deslocalización" para exigir a la cablera la paralización inmediata del proceso de traslado de servicios y del empleo fuera de Galicia. Según los datos facilitados por los sindicatos "están en juego en torno a 1.200 empleos de la comarca coruñesa".
