26 de octubre de 2019
26.10.2019
La Opinión de A Coruña

Las ayudas por CO2 mitigan la crisis de las electrointensivas en espera de su estatuto

El Consejo de Ministros aprueba 172 millones en subvenciones para compensar el coste de emisiones de la gran industria

25.10.2019 | 22:38
Trabajadores de Alcoa San Cibrao en una manifestación conjunta de la industria electrointensiva gallega.

La industria electrointensiva, con 5.000 empleos en Galicia, clama por la aprobación de un nuevo marco energético con el que el coste eléctrico deje de ser un lastre para su competitividad a nivel europeo. A la espera de ese estatuto „que el Ministerio de Industria ya indicó que no podrá salir adelante hasta que haya un Gobierno en plenitud de funciones„ el Consejo de Ministros dio luz verde ayer a 172,23 millones de euros en ayudas para compensar a la gran industria por los costes derivados de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (CO2). El departamento que dirige Reyes Maroto destacó que la cantidad aprobada representa "el mayor importe anual concedido hasta la fecha por un Gobierno de España a la industria electrointensiva en este tipo de ayudas", más del doble de los 83,8 millones de euros concedidos en 2017.

Las factorías gallegas de Alcoa, Megasa, Ferroatlántica, Ferroglobe, Celsa Atlantic o Showa Denko son algunas de las beneficiarias de esta medida, que resarce en parte la caída de las primas eléctricas de las subastas de interrumpibilidad (que bajaron de 682 millones de euros anuales 316 en un lustro).

El acuerdo del Consejo de Ministros amplía la cuantía de 91 millones de euros aprobada ya el pasado 29 de marzo para las compensar los costes de CO2 y atenderá las 192 solicitudes recibidas de empresas electrointensivas, lo que significa la ejecución del 100% del presupuesto autorizado por la Unión Europea para este fin.

Reyes Maroto señaló que con la autorización de esta ampliación "el Gobierno cumple su compromiso de apoyar a los sectores industriales y refuerza la competitividad de las empresas más intensivas en consumo de electricidad, y por tanto más sensibles a los costes eléctricos".

La ministra insistió en que "estas ayudas son especialmente importantes en el contexto actual, al no haberse podido aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo por encontrarse el Gobierno en funciones".

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, acusó ayer al Gobierno de "jugar" y de hacer "política" y "cálculos electorales" con los trabajadores de Alcoa San Cibrao (Lugo) y le urgió un estatuto electrointensivo para que la aluminera tenga un precio eléctrico "competitivo". "Lo que tiene que decir [el Gobierno] es si va a poner a disposición de Alcoa San Cibrao un precio eléctrico competitivo entre 35 y 40 euros el megavatio-hora que le ponga en igualdad de condiciones con respecto a los países europeos", subrayó Conde, quien recordó que la energía supone el 40% de los costes de producción de la fábrica aluminera, por lo que sin un precio competitivo Alcoa "está abocada al cierre". "Si el Gobierno tiene una solución debería mostrarla", incidió Conde.

Sobre la propuesta de estatuto para las empresas electrointensivas que la Xunta le trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez, Conde aseguró que se trata de una idea "muy concreta" para rebajar el precio eléctrico, por lo que pidió una respuesta del Ejecutivo a esta iniciativa "o proponer otra alternativa que establezca ese coste".

"El Gobierno sabe „afirmó el conselleiro„ que la solución no pasa solamente por la puja de interrumpibilidad y por los ingresos de mecanismos de compensación del dióxido de carbono (CO2). Estas dos medidas son claramente insuficientes y lo que necesitamos es un estatuto que incluya un conjunto de medidas que la Xunta le ha trasladado".

Conde insistió además en su demanda para eliminar el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y el impuesto del carbón y la reducción de peajes.

El artículo 5 del Real Decreto-Ley 20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España „aprobado por el Gobierno en diciembre del año pasado„ establece que los beneficiarios de ayudas de CO2 tienen la obligación de mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años a partir de la fecha en que se dicte la resolución de la concesión.

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