El expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso aludió ayer al aval del Banco de España a la gestión de la entidad tras realizar una inspección con datos de diciembre de 2008, meses después de ejecutarse la operación inmobiliaria en Rivas (Madrid) objeto de investigación.

Gayoso, que en pocos días cumplirá 88 años, declaró como acusado en el juicio que desde el lunes se sigue en la Audiencia Nacional contra él y otros tres exdirectivos de la caja gallega por presunta administración desleal continuada en una operación urbanística en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, que causó un perjuicio de 41,8 millones de euros.

Para el que fuera director general de la caja entre 1965 y 2006 y presidente a partir de esta fecha, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía del Estado piden cuatro años de prisión, en tanto que Abanca, como heredera del quebranto patrimonial tras integrar Novacaixagalicia, tres.

A preguntas de la fiscal Inmaculada Violán, Gayoso defendió los controles que pasó la operación inmobiliaria, que contó con más de veinte firmas de los "mejores directivos de la casa"; en concreto, de los diez componentes del comité superior de riesgos y de los diez de la comisión delegada, que es la que elevaba la propuesta al consejo de administración.

Pero además, el Banco de España, el supervisor de la caja de ahorros, opinó en 2009 que se trataba de "una operación normal", tras realizar una inspección de la entidad con los datos de 2008 „la operación inmobiliaria se llevó a cabo en abril de 2007„.

Asimismo, recordó que la Xunta de Galicia contaba con una silla en el consejo de administración de la entidad, que informaba puntualmente al gobierno autonómico de sus actividades.

El ex director general Gregorio Gorriarán se emocionó ayer al recordar a que su hermano, que poseía un 6% de una sociedad participada por la caja vinculada a la operación de Rivas, "se siente culpable por estar yo aquí".