La Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio a la excúpula de Caixanova, que se enfrenta a cuatro años de prisión por administración desleal continuada en una fallida operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid (Madrid), la cual generó un perjuicio de 41,8 millones de euros. Tan solo el que fuera director general adjunto Gregorio Gorriarán, al que la Fiscalía Anticorrupción responsabiliza de lleno del préstamo, ha ejercido su derecho a la última palabra, y ha afeado a la entidad por acceder sin "permiso, ni oral ni escrito" a sus dispositivos para obtener información que ha sido utilizada en uno de los peritajes de la acusación que obran en la causa.
Durante la exposición de su informe final, la defensa del exresponsable de la división de planificación financiera Domingo González Mera aseguró que su representado "se ciñó a las facultades propias de su cargo, a los manuales; acudió a las comisiones que tenía que acudir y se reunió con el director general".
De ahí que, prosiguió, "de su actuación no se desprende ni un sólo perjuicio para la caja", e insistió en que el exdirectivo "no puede ser autor" de un hipotético delito en tanto que "no está en el origen de la operación", esto es, del préstamo hipotecario por importe de 67,1 millones de euros que la entidad concedió en 2007 a la sociedad prestataria.
Por su parte, la letrada del exdirector general José Luis Pego puso énfasis en que los cuatro acusados, en "todo momento y lugar", se ciñeron "a todo lo que tenían que ceñirse", y añadió que los antiguos gestores de la caja gallega actuaron "siempre conforme a los estatutos, manuales y circulares internas de la caja". Afirmación con la que ha rechazado lo expuesto en la sesión previa por la fiscal Inmaculada Violán, que mantuvo su petición inicial de pena al considerar acreditado y "reprobable" que todos ellos actuaron "con desprecio absoluto a las normas" al sacar adelante un préstamo "dudoso" y que "hacía aguas" desde el origen.
El último en intervenir fue el abogado del expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, para el que "en el juicio no se ha practicado ni una sola prueba que haya destruido la presunción de inocencia". Acto seguido, recordó la larga trayectoria de Gayoso en la caja, en la que entró "con 16 o 17 años", señaló, y puntualizó que su cargo como presidente era "honorífico y gratuito", esto es, solo cobraba las dietas por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, en el que participaba "como un consejero más".
La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitió a la Fiscalía Anticorrupción, que ve una "administración desleal de libro" en un proyecto del que el Consejo de Administración no recibió "toda la información".
Para el Ministerio Público, la vista ha dejado claro que "no existe" soporte documental que demuestre que la operación pasó "todos los filtros" de Caixanova, en tanto que los exdirectivos "no querían hacer tasaciones" sino que buscaban "una solución que favoreciera" a los deudores, entre los que estaba la empresa de un hermano de Gorriarán.
A este último señaló en su exposición final por ser un "interviniente constante en la gestión" del préstamo, y por conseguir "arrastrar" al resto de los acusados. Extremo que rechazó el abogado de Gorriarán, que dijo que éste nunca "ordenó ni ejecutó" decisión alguna, sino que "actuó dentro del riesgo permitido", y es que, que "los negocios salgan mal, peor o mejor entra dentro de los principios empresariales".
El FROB secunda a fiscal
La Abogacía del Estado, en representación del FROB, secunda a la Fiscalía Anticorrupción respecto a los miembros de la antigua cúpula, a los que acusa por gestión fraudulenta del patrimonio, y reclama además una indemnización en exclusiva por el dinero público que el fondo inyectó en la entidad.
En cambio, Abanca, como heredera universal del negocio de Caixanova, ha rebajado su solicitud de pena hasta los tres años de prisión y ha pedido que se le indemnice de forma conjunta con el FROB.
