El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden que regula la concesión de ayudas a "entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón". El importe asciende a 7 millones de euros en el presente año, "susceptibles de ser ampliados".
Los proyectos subvencionados pueden ser de diversa índole, entre otros, apoyo a nuevos proyectos de entidades locales que incentiven la creación de empresas generadoras de empleo, proyectos de apoyo a la reconversión de actividades existentes, así como orientados al apoyo en la transición de colectivos laborales concretos. Las ayudas se fijan en una cuantía mínima de 25.000 euros y máxima de un millón. La financiación máxima cofinanciable por proyecto será del 75%.
El anexo de la orden incluye un listado con las quince factorías "que pueden afectar económicamente a los términos municipales por procesos de cierre", entre las que figuran las coruñesas Meirama (Cerceda) y As Pontes.
La diferencia entre ambas es que Naturgy solicitó oficialmente en enero la autorización de cierre de Meirama, prevista para junio de 2020, mientras Endesa anunció en septiembre que aceleraría la clausura de As Pontes sin una fecha concreta por el momento.
Meirama cuenta con un plan alternativo elaborado por Naturgy que incluye un estudio de viabilidad de un centro de gas renovable a partir de residuos ganaderos y orgánicos industriales. La eléctrica también tramita los permisos para la instalación de 15 aerogeneradores. El desarrollo eólico junto con el de gas renovable supone una inversión de alrededor de 80 millones de euros.
El jueves, más de mil personas se manifestaron en As Pontes en defensa de los 700 empleos directos e indirectos que dependen de la central y para reclamar a Endesa que despeje definitivamente el futuro de la térmica.
Por el momento, la compañía continúa con las pruebas con biocombustibles al tiempo que apuesta decidamente por las energías renovables en el ámbito de la comunidad gallega, como demuestran los cuatro aerogeneradores de última generación instalados por Endesa en Pena Ventosa, entre los municipios lucenses de O Vicedo y Ourol, tras una inversión de 9,3 millones.
Son precisamente las renovables las destinatarias del real decreto ley aprobado por el Gobierno para que retiren los litigios internacionales abiertos contra el reino de España, en los que están en juego 10.000 millones de euros. Así, el Ejecutivo aprobó la nueva retribución para las energías renovables al objeto de zanjar los litigios que acumula el Estado por los recortes a las ayudas a las energías limpias del Gobierno de Rajoy, anunció ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo establece un recorte general de la tasa de rentabilidad razonable de las plantas renovables, desde el 7,39% actual hasta el 7,09% en los próximos seis años, a partir del 1 de enero de 2020. En el caso de las plantas previas al año 2013, cuando se produjo el recorte a las renovables, pueden elegir la opción anterior o que se les mantenga la retribución del 7,39% actual durante dos periodos regulatorios, es decir, doce años (hasta 2031).
Más de 40 laudos abiertos
Esta medida es un alivio para los pequeños productores de energías fotovoltaicas con instalaciones anteriores al 2013 que sufrieron el hachazo del ejecutivo de Mariano Rajoy, pero también pretende serlo para los grandes fondos que invirtieron entonces en renovables atraidos por las primas y que, tras el recorte, decidieron denunciar al Estado español ante juzgados internacionales de arbitraje para reclamar una indemnización. La condición para mantener esa tasa del 7,39% es renunciar a presentar estas demandas y, en caso de tener un litigio abierto, ponerle fin.
La ministra Ribera informó ayer de que hay 45 laudos abiertos contra el reino de España por una cuantía total que asciende a 10.000 millones de euros. Hasta el momento se han perdido diez de estos pleitos y hay condenas por 821 millones de euros, aunque de momento no se ha ejecutado el pago de ninguno, según aseguró la ministra, que espera que este RDL "reducir la litigiosidad o invitar a la renuncia del cobro".
Según informó Teresa Ribera, en España hay más de 64.000 plantas que se vieron afectadas por esta modificación, lo que supuso un desgaste importante en la apuesta por las renovables, sobre todo en aquellas zonas con más incidencial del sol como el Levante, Castilla-La Mancha y Andalucía "que vieron como tenían que afrontar decisiones de coste asociado al endeudamenteo", aseguró Ribera.
