Red Eléctrica de España (REE) celebra desde hoy en Madrid la subasta para repartir entre la gran industria rebajas en su factura de la luz para el primer semestre de 2020 a cambio de su disponibilidad para desenchufar las fábricas cuando el operador del sistema lo requiera „para equilibrar el suministro de luz y su precio para los consumidores„, el llamado servicio de interrumpibilidad. La primera puja eléctrica de 2020 llega con un nuevo hachazo del Gobierno a la potencia en liza: 1.000 megavatios, casi un 60% menos que en la última convocatoria, que ya había precarizado las condiciones respecto a la anterior. Los nuevos recortes en la subasta de interrumpibilidad „la principal vía para abaratar el coste eléctrico industrial„ presagian dificultades en la producción y el empleo para las empresas electrointensivas, que sostienen unos 5.000 empleos en Galicia. Alcoa San Cibrao, la planta de Ferroglobe en Sabón (Arteixo) y Ferroatlántica Cee-Dumbría se juegan su futuro inmediato.

Alcoa, Ferroatlántica, Ferroglobe, Megasa y Celsa Atlántica son las industrias gallegas más intensivas en consumo eléctrico (electrointensivas). Su funcionamiento se han visto amenazado por el alto coste de la energía y su inestabilidad en España respecto a otros países europeos. Un marco eléctrico estable y con precios competitivos es lo que reclama la patronal electrointensiva para mantener la producción y la plantilla. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió aprobar el pasado abril aspiraba a lograr ese objetivo, pero el documento se ha quedado en el cajón en espera de que se constituya un Gobierno con plenitud de funciones. El decreto debía, además, articular alternativas a las subastas, condenadas a su desaparición debido a los recelos de Bruselas sobre este mecanismo de bonificación del Estado a la industria. La Comisión Europea solo permite hacer ese tipo de pujas en la medida en que estén justificadas por la sostenibilidad del sistema eléctrico.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) urge "políticas industriales y energéticas coherentes y coordinadas" que permitan competir a la industria española en el marco europeo. Para ello reclama un suministro eléctrico "competitivo, estable y predecible, como el de franceses y alemanes, que es más de un 30% más barato", remarca la patronal.

La "antesala del cierre" de Alcoa

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, alertó el viernes de que esta pueda ser la "antesala del cierre de Alcoa" en San Cibrao, si el Gobierno no lleva "medidas concretas" al Consejo de Ministros para abaratar el precio de la energía para las industrias electrointensivas. El sábado, más de medio millar de personas se reunieron frente a la subdelegación del Gobierno en Lugo para exigir una "solución" al problema de la industria de aluminio de la provincia, al grito de Alcoa sálvase loitando. Los afectados advierten de que la provincia de Lugo perderá el 30% de su PIB si la fábrica de aluminio y alúmina cierra.

La planta de aluminio de A Coruña, que Alcoa vendió a Parter el pasado verano, no se juega nada en esta subasta porque en la actualidad su actividad (fundición) no es electrointensiva, sí lo volverá a ser en el futuro si el fondo suizo considera viable retomar la fabricación de aluminio primario. El plan industrial de la compañía se compromete a reactivar la electrólisis si el precio del kilovatio baja de los 40 euros, lo que supondría una bajada de un 33% respecto a los 60 euros por megavatio que pagó la industria española de media en el periodo 2017-2018 incluyendo ya las ayudas del Estado. En el mismo periodo, las fábricas alemanas pagaron una media de 36 euros (casi la mitad) y las francesas, 39 euros. Otros países europeos, como Reino Unido (62 euros) e Italia (64 euros) soportan costes eléctricos más altos para su industria.

Nerviosismo en Sabón

Ferroatlántica Sabón espera a conocer los resultados de la subasta para decidir si en 2020 continúan dos hornos activos o solo uno. De ello dependerá que haya trabajo para toda la plantilla (122 trabajadores) o que se active el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de dos años que Ferroglobe aprobó para todo su personal en España en febrero. Este ajuste de personal quedó en suspensión mientras el Gobierno regulaba el nuevo marco eléctrico, pero la compañía ha empezado a aplicarlo este mes en Cantrabria debido al previsible aumento del coste eléctrico en 2020 y la plantilla de Sabón da por hecho que si la firma de ferroaleaciones sale mala parada de la puja, habrá recortes.

El mismo temor tienen los 300 trabajadores de Ferroatlántica Cee-Dumbría, en manos del fondo TPG. El sindicato CIG, mayoritario en la planta, ha convocado ya una concentración para mañana a las 11.00 horas delante de la Delegación del Gobierno en A Coruña con motivo de la puja de interrumpibilidad, para exigir "una tarifa industrial justa, estable y competitiva para la industria electrointensiva".

El Ministerio de Transición Energética ha eliminado los bloques de 40 megavatios, por los que competían las grandes electrointensivas (como Alcoa), forma que la subasta solo ponen en juego 200 bloques de cinco megavatios. Esta puja es considerada por el Gobierno como "extraordinaria" hasta que se adopten los mecanismos previstos en la normativa del Mercado Interno de la Electricidad marcada por la UE.