El Gobierno de España tiene autorización de la Comisión Europea (CE) para darle a las industrias electrointensivas 28 millones de euros más de los que les adjudicó este año en compensación por los costes de emisiones indirectas de CO2. Podría concederles hasta 200 millones al año, lo que taparía parte del agujero provocado por el tijeretazo en el servicio de interrumpibilidad, que lastra la competitividad de la industria de gran consumo radicada en la comunidad gallega, casos de Alcoa, Ferroatlántica, Ferroglobe, Celsa o Megasa.

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