El Estatuto de Consumidores Electrointensivos, el instrumento que el Gobierno de Pedro Sánchez presenta como un salvavidas para mantener a flote a la gran industria de comunidades como Galicia o Asturias, beneficiará sobre todo a Cataluña. Con el nuevo Estatuto, y si no hay cambios finales en su redacción, aumentarán las factorías industriales con la consideración de electrointensivas y en ese incremento de beneficiarios Cataluña es la comunidad que sale más reforzada.
Las industrias que pueden optar a las retribuciones del servicio de interrumpibilidad —el principal mecanismo que hasta ahora tenían las empresas electrointensivas para abaratar el recibo de la luz a cambio de estar dispuestas a reducir el consumo si el sistema los requería— no coinciden con las que cumplen con las características de consumo para poder acogerse al futuro Estatuto de Consumidores Electrointensivos que el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez pretende aprobar en el momento en el que se forme el nuevo Gobierno. El nuevo marco —que establece que los consumidores deberán estar conectados en alta tensión, disponer de un contrato de acceso a la red aplicando una tarifa que diferencie seis periodos tarifarios con la correspondiente empresa distribuidora y unos determinados consumos— es menos restrictivo que el que había para optar a las subastas de interrumpibilidad, en las que pujaron grandes factorías radicadas en Galicia como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa o Celsa Atlantic. Las industrias con capacidad para optar a los desaparecidos bloques de interrumpibilidad de 40 MW (en la subasta para el primer semestre de 2020 solo hubo bloques de 5 MW, lo que hizo que se hundieran las retribuciones y que las asociaciones empresariales tildaran de "tragedia" el resultado) tenían prácticamente garantizada una alta retribución.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaboró un informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos y en él se comparan los suministros industriales interrumpibles con los suministros con posibilidad de ser considerados electrointensivos en el futuro Estatuto. Los primeros son 119 (con unos consumos totales de 29.088 GWh) y los segundos aumentan a 276 (con unos consumos acogidos a ayudas de 47.198 GWh). Por comunidades, solo Cataluña logra triplicar el número de beneficiarios (al pasar de 16 a 48) y sus consumos se duplican al pasar de 3.270 a 7.726 GWh. Cataluña será la comunidad con más industrias beneficiadas y la segunda con más consumo eléctrico acogido a ayudas, solo por debajo de la comunidad gallega, que ya ostentaba el liderato en esta categoría. Galicia, que tiene el mayor consumidor de electricidad de España (la planta de Alcoa en San Cibrao), solo pasa de 13 a 18 industrias beneficiadas y su consumo crece de 7.267 a 7.974 GWh. Junto a Cataluña, la comunidad que sale más reforzada con el Estatuto es Andalucía, que pasa de 18 a 44 industrias beneficiarias y de unos consumos eléctricos acogidos a ayudas de 2.899 a 6.284 GWh.
El Estatuto de Consumidores Electrointensivos aspira, según el Gobierno de Pedro Sánchez, a impulsar la competitividad de la industria española, lastrada por costes energéticos superiores a los de sus principales competidores europeos: Alemania y Francia.
En el primer borrador, el Estatuto recogía mecanismos de apoyo a las industrias como compensaciones de costes de emisiones de CO2 (ya existentes), reducción de la financiación de los pagos por capacidad, exención de los pagos por interrumpibilidad, revisión de los coeficientes de pérdidas y fomento de la contratación bilateral de suministro de electricidad a largo plazo con cobertura de riesgos.
Sin embargo, tras consultar a la CNMC y a las autoridades europeas, el Gobierno ha decidido introducir cambios en el Estatuto y en su última comunicación oficial (en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por Ciudadanos) señaló que se eliminaban las reducciones y exenciones en los pagos por capacidad e interrumpibilidad y, a cambio, se introducirían mecanismos de compensación en los costes de financiación de apoyo para la electricidad procedente de las fuentes renovables y de las instalaciones de cogeneración, y de los extracostes de los territorios extrapeninsulares. Todo ello con el objetivo de abaratar el recibido de la electricidad de las industrias.
El Estatuto, anunciado en 2018 y que debería haberse aprobado hace más de medio año, está pendiente del Dictamen del Consejo de Estado. El Ejecutivo en funciones asegura que no puede aprobarse hasta que se forme un nuevo Gobierno.
