Hace tiempo que los despidos ya no respetan ni la Navidad. "Estas fiestas son terribles para los trabajadores", afirmó ayer Olga Rodríguez, presidenta del comité de empresa de la emblemática compañía coruñesa de procesado y distribución de pescado Isidro de la Cal, renombrada hace dos años como Isidro 1952.

La firma presentó el pasado 3 de diciembre un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir la plantilla "desde la convicción de que en este momento es la única alternativa posible para garantizar la continuidad de la compañía". Entonces se desconocía el personal afectado por el ERE, pero ayer trascendió el número de trabajadores que pretende despedir la empresa: 136 empleados, el 60% del plantel. De estos, la mayoría, cerca de cien, operan en la sede central del polígono de Espíritu Santo (Cambre) y el resto en las piscifactorías de truchas de Carballo, Baio y Ouro, el criadero de rodaballo de Lorbé y el de besugo de Valdoviño. "El ERE es una barbaridad", precisó Rodríguez antes de explicar que "no hay nada que negociar" y anunciar que el nuevo año "vendrá cargado de movilizaciones".

La primera concentración tuvo lugar ayer en la sede de una firma que también propone una reducción de sueldo para el resto de los empleados. "Nos deben parte de noviembre y nos han asegurado que no cobraremos diciembre", manifestó la representante sindical tras la segunda reunión del período de consultas del ERE, en la que reclamaron a la dirección un plan de viablidad para mantener la actividad productiva y los 225 empleos.

Los trabajadores ya han mantenido reuniones en la Xunta de Galicia. Aseguran que desde la Administración autonómica existe el compromiso de analizar la situación con la empresa y volver a contactar con la parte social dado que la compañía "recibió 20 millones de euros en ayudas públicas" para reconvertirse al negocio del sushi.

Los trabajadores también acusan de "mala fe" a la compañía. En este sentido sostienen que fueron informados ayer de que la empresa entró el pasado 12 de septiembre en preconcurso de acreedores y que este finaliza el 12 de enero. "Entendemos que el objetivo de la dirección era aprovechar el preconcurso para deshacerse del personal y aplicar un recorte brutal de las condiciones salariales y laborales antes de ir al consurso", sostienen.

Por su parte, la empresa acusa una caída "sustancial" de las ventas en este ejercicio debido, fundamentalmente, a un importante recorte de los pedidos de la cadena Lidl „el año pasado facturó 40 millones de euros„.

También soporta una deuda bancaria de 27 millones de euros, una situación financiera a la que la directiva trató de dar solución con la entrada de un fondo de inversión, pero las negociaciones fracasaron y la pesquera ha optado por los despidos. La actual directiva, encabezada por Pablo García-Gascó, sostiene que ha logrado reducir la deuda con los bancos desde los 70 millones. Ahora pretende "adecuar la estructura y los recursos actuales de la compañía a las circunstancias y volúmenes de mercado". "Tenemos que ser menos para ser viables", sostiene la firma.