La actual directiva de la pesquera coruñesa Isidro 1952 (antigua Isidro de la Cal) presume de haber rebajado su deuda bancaria de los 70 millones a los que ascendía cuando tomó el control de la compañía en 2013 hasta los 27 millones actuales. Pero la banca no es el único acreedor de esta histórica firma que se encuentra a las puertas del proceso concursal. Su deuda con la Xunta es casi tan elevada como la que tiene con las entidades financieras: cerca de 23 millones de euros, en avales que por el momento no fueron ejecutados y en préstamos participativos, según indicó la Consellería de Economía a este periódico.
"En lo referente a la deuda, le corresponden a la Xunta 22,9 millones", exponen fuentes oficiales de la consellería, que matizan que estos avales y préstamos fueron "todos otorgados por el bipartito [entre 2005 y 2009], salvo tres millones de euros en préstamos participativos concedidos por el actual Gobierno [de Feijóo] en noviembre de 2009".
Isidro 1952 entró en preconcurso de acreedores a mediados de septiembre, aunque esta situación no se hizo pública hasta finales del mes pasado, cuando ya estaba sobre la mesa el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que la compañía pretende desprenderse del 60% de la plantilla (136 despidos) y rebajar los sueldos. El periodo de consultas del ERE se prolonga hasta el día 23 y no hay previsión de acuerdo entre los sindicatos y la empresa, que podrá solicitar su entrada en concurso de acreedores a partir del lunes, toda vez que el plazo del preconcurso finaliza mañana.
Segundo día de paro
A las puertas del proceso concursal, la tensión entre los trabajadores y la dirección de la antigua Isidro de la Cal va en aumento. Los 223 empleados secundaron el jueves una huelga para protestar contra lo que consideran un ERE "fraudulento" que persigue "precarizar" sus condiciones laborales. Aunque el paro se había establecido como "indefinido", los trabajadores decidieron en asamblea retomar la actividad durante la jornada de ayer. Sin embargo, los operarios no realizaron sus tareas finalmente. Según el comité de empresa, personal de seguridad impidió el acceso de los trabajadores a las instalaciones del polígono de Espíritu Santo (Cambre). La empresa lo niega y asegura que no puso ningún impedimento para que los empleados realizaran su trabajo.
"Los trabajadores decidieron ir a trabajar pero no les dejaron", sostiene la presidenta del comité de empresa, Olga Rodríguez. "Cuando llegaron los primeros trabajadores a las cuatro y media de la mañana había un guardia de seguridad con una lista de cuatro personas que serían las encargadas de decidir quién entraba y quién no, pero esas personas no tenían por qué asumir esa responsabilidad; al final, a la una y media de la tarde decidimos hacer una asamblea fuera y marchar", relata Rodríguez.
Por su parte, la empresa califica la situación de "surrealista" y niega que pusiese impedimento alguno a los empleados para acceder a su lugar de trabajo. Ambas partes están pendientes de fijar fecha para la próxima reunión de negociación del ERE. Los trabajadores piden que el número de despidos se baje de 136 a 50 y que las rebajas salariales se suavicen.
