El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, trasladó ayer a los trabajadores de San Cibrao (Cervo, Lugo) que prevé pérdidas para este año de "más de 80 millones" „entre la planta de aluminio y la de alúmina„ ante el precio existente de la energía. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, alertó de que se necesitan "medidas ya". Por ello, apremió al Gobierno central a que apruebe hoy en su primera reunión del Consejo de Ministros el estatuto para empresas electrointensivas, que afecta también a la competitividad de factorías coruñesas como las de Ferroatlántica en Cee-Dumbría, Ferroglobe en Sabón, Megasa en Narón o Celsa Atlantic en A Laracha. El nuevo marco energético llamado a dar precios competitivos y estables condiciona también el futuro de Alu Ibérica, la fábrica de aluminio de A Coruña que Alcoa vendió a Parter Capital el pasado verano.

"Yo espero que mañana [por hoy] se apruebe, otra cosa es lo que haga el Gobierno, pero ya no hay Gobierno en funciones y tiene que cumplir con su palabra", dejó claro el representante de la plantilla de Alcoa San Cibrao sobre la promesa para activar las medidas recogidas en el estatuto una vez estuviese el ejecutivo conformado.

En relación al encuentro con Dorado, Alcoa informó a los trabajadores de que la compañía "está estudiando" medidas a seguir tras el resultado "bastante malo" de la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, en la que Red Eléctrica asigna bonus para rebajar la factura de la luz de las grandes consumidoras a cambio de su disponibilidad para interrumpir su consumo de electricidad cuando el sistema lo requiera. "Pero todavía no tienen ninguna decisión tomada", concretó Zan sobre el futuro de la fábrica.

Alcoa indicó que existe "bastante fluidez" en las conversaciones con el Gobierno, pero la compañía llama a esperar "a ver qué sale" de la reunión con el Gobierno de la mesa de seguimiento de Alcoa fijada para el próximo 23 de enero en Lugo.

El hecho es que la empresa prevé pérdidas ya no solo en la fábrica de aluminio, sino también en la de alúmina, que vive "una situación bastante fea, porque el mercado de la alúmina ha caído mucho", según lamenta la multinacional aluminera estadounidense. La de San Cibrao es ´la única factoría que le queda a Alcoa en España, después de que el pasado verano vendiese las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés (Asturias) al fondo de inversión suizo Parter Capital Group, que rebautizó las instalaciones como Alu Ibérica.

Aunque a día de hoy la fábrica de aluminio de A Coruña no es electrointensiva „las tareas de fundición a las que se limita requieren mucho menos consumo eléctrico que la fabricación del metal„ pero la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo es crucial para el futuro de la instalación de A Grela. En el contrato de compraventa, Parter se comprometió con Alcoa a mantener el 100% del empleo durante 24 meses. Esa garantía finaliza en agosto de 2021 y a partir de ese momento el fondo suizo condicional la continuidad de los puestos de trabajo al coste energético.

El plan industrial de Parter cifra en 40 euros por megavatio-hora el precio al que la electricidad debe bajar (actualmente ronda los 60 euros) para le resulte viable rearrancar las series de electrólisis (paradas desde el pasado febrero), en las que se produce el aluminio primario a una temperatura de 950 grados, lo que supone un ingente consumo de electricidad.

De la nueva regulación de marco eléctrico industrial dependerá en gran parte el futuro de los 332 trabajadores de la antigua Alcoa en A Coruña (y otros 299 en Avilés). Sin electrólisis los puestos de se reducirán en función de la rentabilidad de las fundiciones; Parter estima que continuaría con 250 trabajadores por planta.

La crisis desatada en octubre de 2018 ante el anuncio de cierre de Alcoa en A Coruña y Avilés fue el desencadenante para que el Gobierno de Pedro Sánchez tramitase el estatuto electrointensivo, con la intención de regular el marco eléctrico industrial en España de forma que resultase viable encontrar un comprador para evitar el cierre de las fábricas. El borrador del estatuto „que decepcionó tanto a sindicatos como a patronal y a Xunta„ se presentó en febrero del año pasado con la promesa de aprobarlo antes de las elecciones de abril. Las objeciones de Competencia (CNMC) lo hicieron impidieron. Desde entonces, el Ejecutivo ha asegurado que el texto definitivo está listo a la espera de un Gobierno en plenitud de funciones que lo apruebe. Queda por conocer el texto final.