El nuevo retraso del estatuto electrointensivo pone en pie de guerra a la gran industria, que apremia al Gobierno a aprobar el nuevo marco energético llamado a rebajar y dar estabilidad al coste eléctrico de las fábricas que más consumen, para impulsar su competitividad frente a los competidores europeos. La crisis que desató Alcoa hace algo más de un año al anunciar el cierre de sus fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés (Asturias) desencadenó la tramitación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, cuyo borrador presentó el pasado febrero el Gobierno con la promesa de aprobarlo antes de las elecciones de abril, primero, y en cuanto hubiera un Gobierno en firme, después. Ante la ausencia de este asunto en los dos consejos de ministros celebrados en lo que va de legislatura, la plantilla de Alu Ibérica LC (antigua Alcoa A Coruña) se movilizará por primera vez desde que la factoría fue vendida al fondo Parter Capital, para exigir la regulación que ha de garantizar su futuro. El miércoles se manifiesta en Madrid ante el Congreso de los Diputados.

La marcha reivindicativa partirá a las 11.30 horas de la sede del Ministerio de Transición Ecológica en dirección al Ministerio de Industria. A las 13.15 horas los participantes se trasladarán a las puertas del Congreso de los Diputados, donde representantes de distintas empresas electrointensivas reclamarán juntos al nuevo Gobierno la aprobación urgente del estatuto electrointensivo.

La fábrica de aluminio de A Coruña tiene las series de electrólisis paradas desde el pasado febrero, por lo que a día de hoy no es una empresa intensiva en consumo eléctrico (fundir aluminio, que es a lo que se dedica, no requiere tanta energía). Pero garantizar la rebaja de la luz es vital para el futuro de la antigua Alcoa A Coruña. Parter fija en 40 euros el megavatio-hora(MWh) el umbral a partir de cual está dispuesta a reactivar la producción de aluminio primario. Esa condición que impone el comprador de la fábrica requiere de una rebaja de luz de un 30% aproximadamente respecto a su precio actual. De ello dependerá la continuidad del empleo, garantizado en el contrato de compraventa entre Parter y Alcoa solo hasta agosto de 2021.

La inquietud es patente en la última fábrica que Alcoa mantiene en España. El presidente del comité de empresa de San Cibrao, José Antonio Zan, tacha de "tomadura de pelo" que el Gobierno tampoco haya aprobado ayer el estatuto para las empresas electrointensivas, en "una nueva falta más de cumplimiento a su palabra".

"Yo ya no espero nada, somos muy escépticos hacia los cumplimientos de este Gobierno", criticó ayer Zan, que censura que el Gobierno "ni se pone en contacto" con los trabajadores. "Tendríamos que estar hablando del estatuto, pero estamos hablando de otro incumplimiento, porque la ministra y el secretario de Industria siguen siendo los mismo", recriminó el representante de la plantilla lucense.

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, instó al Gobierno a "romper la agonía" de los trabajadores de Alcoa. Las plantas gallegas de Ferroglobe, Ferroatlántica, Megasa, Celsa Atlantic y Showa Denko también dependen de esta regulación.