El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, presidido por José Antonio Zan, exigió ayer al Gobierno un precio estable para la energía eléctrica de entre 35 y 40 euros por megavatio y además dentro de un marco pactado que ofrezca de "cinco a diez años de estabilidad". La representación de los trabajadores de la última fábrica que la aluminera estadounidense mantiene en España „tras vender las plantas de A Coruña y Avilés„ asistió ayer a la reunión de la Mesa de Trabajo Multilateral sobre Alcoa en la Subdelegación del Gobierno, en la que se sentaron representantes del Gobierno, la Xunta y la multinacional, sin llegar a soluciones para garantizar el futuro.

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, redujo a "muy decepcionante" el encuentro, al que el Gobierno central llevó medidas a su juicio "insuficientes" para mantener la producción de aluminio primario en la planta. Por su parte, el presidente del comité confesó tener una impresión "muy mala" de las perspectivas.

En nombre del Ejecutivo central, el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el estatuto que regulará el funcionamiento de las empresas electrointensivas y, consecuentemente el precio de la energía, "está en su fase final", de modo que "los datos" concretos de ese documento estarán en consulta pública "muy pronto".

Alcoa, Ferroatlántica, Ferroglobe, Megasa, Celsa Atlantic y Showa Denko son las principales empresas afectadas por el futuro estatuto de la industria electrointensiva, que según la Xunta sostiene 5.000 empleos en Galicia. La antigua Alcoa A Coruña, vendida en verano a Parter Capital, perdió su condición de electrointensiva al paralizar la producción de aluminio primario (actualmente solo trabaja la fundición). El estatuto es vital para su futuro, ya que Parter se ha comprometido reactivar las electrólisis solo si el coste baja de 40 euros por megavatio-hora.