De "película surrealista" califica Cristina Gestal, miembro del comité de empresa, los acontecimientos vividos en Isidro 1952 (antigua Isidro de la Cal) en la última semana. Si el fin de semana pasado los 223 trabajadores de esta empresa insolvente a las puertas del concurso de acreedores respiraban aliviados ante la comunicación oficial de que la emblemática pesquera se había vendido al empresario coruñés Carlos García Martín y se retiraba el ERE (expediente de regulación de empleo), siete días después vuelven a estar sobre la mesa los 136 despidos pretendidos por la directiva que encabeza Pablo García Gascó, que echó para atrás la compraventa por supuestos incumplimientos del comprador „del que han trascendido antecedentes por estafa y falsificación y acusaciones de impago de nóminas en Feca-Neón y Centro Óptico Gallego„. La situación es cada vez más precaria en la planta de Espíritu Santo (Cambre), principal centro de trabajo, dedicada a la elaboración de sushi. Según el comité, los trabajadores recibieron ayer órdenes de la empresa para trabajar en días alternos desde la próxima semana, debido a la caída de pedidos.

"Nos han dicho que un grupo de trabajadores irá el lunes y el otro, el martes. A partir de ahí nos irán diciendo cuándo hace falta trabajar pero la idea es ir a días alternos", explica Gestal, que detalla que apenas hay material para elaborar el sushi y que en la jornada de ayer todo el trabajo estaba terminado a las diez de la mañana. "Es una mala noticia. Significa que vamos a peor. Ya solo estamos trabajando para un par de plataformas", lamenta la representante sindical. La situación es similar en las piscifactorías (de truchas de Carballo, Baio y Ouro, de rodaballo de Lorbé y el de besugo de Valdoviño), que se limitan a tareas de mantenimiento y en las que el personal denuncia que los peces están infraalimentados, aunque las comprobaciones veterinarias realizadas por la Xunta sostienen que están dentro de la normalidad.

La pérdida del macrocontrato que tenía para servir sushi a Lidl dio en 2019, el golpe de gracia a la ya delicada situación financiera de la compañía, la empujó en septiembre al preconcurso de acreedores, que agotó el pasado día 12 sin acuerdo con los acreedores.

Fin del plazo en el juzgado

La empresa solicitó la semana pasada su entrada voluntaria en concurso de acreedores y ayer finalizó el plazo que marcó el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña para aportar documentación. En los próximos días la Justicia asignará un administrador concursal para intervenir la compañía con el objetivo de sacarla de la insolvencia y evitar la quiebra. García-Gascó admite una deuda bancaria de 27 millones de euros (resalta que eran 69 cuando él llegó a la presidencia en 2013). La Xunta afirma que la pesquera le adeuda otros 23 millones (por avales sin ejecutar y préstamos participativos). A este agujero financiero hay que sumar las reclamaciones de proveedores y otros acreedores.

El comité de empresa reclama a la directiva que retire el ERE presentado a las puertas del concurso y deje que sea la administración concursal la que decida sobre los ajustes que requiere la firma para su supervivencia. El expediente fue prorrogado hasta el día 30 (en un acta firmada el lunes por el comprador fallido) y plantea despedir a más de la mitad de la plantilla. Los trabajadores no solo tienen miedo a perder su puesto de trabajo, sino a quedarse sin cobrar las indemnizaciones correspondientes y los salarios que tienen pendientes desde noviembre. La directiva calificó en diciembre de "dolorosa e inevitable" su decisión de "redimensionar la empresa". El comité argumenta que "no es de recibo" despedir al 60% del personal días antes de entrar en concurso de acreedores.