Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UCA reclamaron ayer que la Comisión Nacional de la Competencia les permita fijar unos precios mínimos con los que puedan dar rentabilidad a sus explotaciones sin que este incremento repercuta en el consumidor. Apuestan así por realizar un "reparto equitativo" entre los diferentes actores de la cadena alimentaria, desde el productor hasta que llega al supermercado para la compra por parte de los consumidores, ya que "en algunos casos se llega hasta un diferencial del 800%".

Para el secretario general de Asaja, Ramón Artime, existe "un margen suficiente para poder repartir equitativamente el valor añadido" resultante en la venta de productos agrarios y ganaderos. El sector "desde hace muchísimos años se ha encontrado con el mismo muro, la Comisión Nacional de la Competencia, que siempre ha rechazado la posibilidad de fijar precios mínimos para al productor". Reclamó por último que se tenga en cuenta al sector agroalimentario que supone el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y resaltó que las explotaciones en España han pasado de las 132.000 a las 11.000 actuales, lo que quiere decir que "han tenido que hacer grandes inversiones para poder hacer frente a todo el mercado".

La secretaria de COAG, Mercedes Cruzado, lamentó que en las movilizaciones a nivel nacional se oye mucho de la agricultura pero nada se habla de los ganaderos que tienen los mismo problemas o más. Así ha incidido en que los precios por la carne o la leche están estabilizados o a la baja mientras que los costes se incrementa.

No obstante, Cruzado ha considerado positivo que por primera vez los problemas del campo están teniendo mucha repercusión en los medios, algo que les anima. "Además estamos viendo que por primera vez la ciudadanía no está viendo a los productores como enemigos sino que ven la realidad que vive el medio rural". Las organizaciones agrarias mantendrán el pulso con nuevas protestas por toda España.