La histórica pesquera coruñesa Isidro de la Cal se rebautizó como Isidro 1952 „fecha de su creación„ hace dos años. Para entonces la antigua mayorista de pescados ya se había reorientado a la elaboración de bandejas de sushi para supermercados, estaba desvinculada del fundador y arrastraba un agujero financiero que acabaría por hundirla en la insolvencia. Tras negociaciones fracasadas con fondos de inversión, una venta anulada y un ERE (expediente de regulación de empleo) con 131 despidos cuya ejecución ha quedado en el aire, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña declaró la semana pasada su entrada en concurso de acreedores. El administrador concursal, el abogado coruñés Ramón Juega Cuesta, ha citado para el próximo miércoles a la representación de los 223 trabajadores, que además de a la incertidumbre se enfrentan a la ausencia de ingresos, ya que la empresa dejó de pagar las nominas a mediados de noviembre. La plantilla y también la Xunta „que figura entre los acreedores de la firma„ fían el futuro a que aparezca un inversor dispuesto a reflotar la emblemática pesquera, que se encuentra encallada en una deuda de 72,5 millones de euros.
El administrador tendrá que poner orden en las cuentas y priorizar los pagos a trabajadores, entidades financieras, administración pública, proveedores... Obligaciones a las que Isidro 1952, presidida por Pablo García-Gascó desde 2013, no ha sido capaz de responder debido a la "dificultad de acceso a la financiación" „expone el juez del concurso„, lo que la ha hecho "ahondar en la delicada situación financiera". "La entidad, aparentemente, carece de fondos de maniobra, de tesorería y activos realizables a corto plazo para atender las deudas ya vencidas", detalla el escrito de declaración del concurso de acreedores.
Deuda pública y privada
La parte más voluminosa de la deuda es la bancaria, con 27 millones de euros. Casi otro tanto, 23 millones, es dinero público que la pesquera debe a la Xunta (10,2 millones en préstamos participativos y 12,7 millones en avales sin ejecutar). El Gobierno gallego juega un doble papel en la crisis de Isidro 1952, en la deberá velar por la continuidad de la empresa para preservar el tejido industrial y el empleo en Galicia pero también para no menoscabar el erario público.
El director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, mostró esta semana su confianza en encontrar un proyecto empresarial solvente para salvar la antigua Isidro de la Cal. Deberá ser más solvente que el que ofrecía el empresario coruñés Carlos García Martín, a quien García-Gascó llegó a firmar la venta la pesquera el mes pasado. A los pocos días, el vendedor dio por anulado el contrato aduciendo "incumplimientos" del comprador, que según pudo saber este periódico no habría ofrecido garantías de pago suficientes. Todo ello después de que trascendiesen antecedentes penales García Martín por estafa y falsificación y de que sus empleados tanto del Centro Óptico Gallego como de Feca-Neón „el empresario compró la fábrica de rótulos el pasado otoño„ denunciase el impago de sus nóminas. García Martín, por otra parte, intenta hacerse con otra firma coruñesa con solera, la panificadora Grupo Ipasa con la cadena de tiendas Sanbrandán.
Isidro 1952 busca un inversor que mantenga la actividad en la nave de Espíritu Santo (Cambre) y en los criaderos de peces de Carballo, Baio, Ouro, Valdoviño y Lorbé; un comprador no ponga fecha de caducidad a la historia de esta firma pesquera a punto de cumplir los 68 años.
