El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, para su remisión a Las Cortes, los objetivos de déficit y deuda hasta el 2023 y el techo de gasto al que deberá ajustar el Proyecto de Presupuestos del Estado para el 2020, si resulta validado por el Congreso y el Senado.

El Gobierno ha fijado un objetivo de déficit para el 2020 para el conjunto de las administraciones del 1,8% del PIB. El nuevo techo de gasto se puede comparar con el que utilizó el Gobierno de Sánchez en su fallido proyecto de Presupuestos del Estado del 2019, que fue de 125.094 millones de euros (el 4,4% por encima del de 2018). Además, el nuevo techo de gasto es es de 127.609 millones, el 3,8% más que el presupuesto base del 2019.

El nuevo objetivo de déficit del 1,8% supone ganar un notable margen de gasto respecto al último en vigor, que data del 2017 (con el Gobierno de Rajoy) y que establecía una meta del 0,5% para este año. Así, si se compara el nuevo objetivo del 1,8% del PIB con aquel (del 0,5%), se podría llegar a la conclusión de que las administraciones ganan 1,3 puntos de PIB de mayor margen de gasto, equivalente a unos 16.510 millones adicionales, para este año. De ellos, dos décimas de PIB, unos 2.500 millones corresponderán a las comunidades autónomas. El resto, se lo reparten la administración central y la Seguridad Social, ya que para las administraciones locales se prevé equilibrio presupuestario (0,0%).

Si se compara con la fallida senda de objetivos que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez llevó al Senado en diciembre del 2018, el nuevo objetivo de déficit (1,8%) significa un mayor margen de gasto para las administraciones de cuatro décimas de PIB, pues entonces se planteó una meta del 1,1% del PIB para el 2020. Este mayor margen de gasto se reparte por igual entre autonomías, por un lado y administraciones centrales, por otro.

Tomando en cuenta que el déficit de las administraciones públicas se pudo situar en torno al 2,5% del PIB en el 2019 (según estimaciones del Banco de España), el nuevo objetivo de déficit del 1,8% para el 2020 representa un ajuste de un punto de PIB (16.510 millones) que solo en una parte se podrá hacer a cuenta de la inercia que supone un menguante crecimiento económico. De no ser por el mayor margen de déficit adoptado por el Gobierno, pasar de un déficit del 2,5% del PIB en el 2019 al 0,5% previsto en la senda heredada del PP hubiera supuesto un ajuste de más de 25.000 millones.

Oficialmente, la nueva senda no ha sido pactada con la Comisión Europea, aunque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está en permanente contacto con las autoridades europeas desde hace semanas, cuando se constituyó el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Bruselas se insiste en que España debe remitir a la Comisión Europea su nuevo proyecto presupuestario para el 2020 antes de emitir una opinión sobre sus objetivos y medidas desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria.