Un pastel más pequeño y más bocas entre las que repartirlo. Esa es la primera impresión de la gran industria gallega sobre las líneas maestras que el Gobierno ha dado a conocer del nuevo borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que empezó a tramitar por vía de urgencia hace un año con el objetivo de salvar Alcoa. Seis meses después de que la aluminera vendiese las fábricas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter Capital, el —ansiado y retrasado— estatuto electrointensivo sale a audiencia pública. Alcoa, la compañía más intensiva en consumo eléctrico de España, ya solo tiene una fábrica, la de San Cibrao (Lugo) y peligra por el coste eléctrico. El comité de empresa de la factoría de A Mariña denunció ayer que, lejos de dar soluciones, la regulación del Gobierno "reduce las ayudas a la industria electrointensiva en 4,5 euros por megavatio-hora (MWh)". Según sus cálculos, el apoyo baja más de un 25% al pasar de 17 euros por MWh a 12,5 euros. La Xunta tacha el estatuto electrointensivo de "operación estética" y duda de que brinde un precio "competitivo" a las empresas.
Las compañías electroinensivas por el momento no hacen pronunciamientos oficiales. Alu Ibérica (actual nombre de la fábrica de aluminio de A Coruña), Alcoa (San Cibrao), Ferroatlántica (Cee-Dumbría), Ferroglobe (Sabón), Megasa (Narón), Celsa Atlantic (A Laracha) y Showa Denko (A Coruña) —principales electrointensivas gallegas— estudiarán a la largo de esta semana el borrador del estatuto de cara a la presentación de alegaciones. Entre otros recelos, existe preocupación en las compañías porque toda la dotación financiera del estatuto (262 millones de la compensación por costes indirectos de CO2 y de las nuevas compensaciones por financiación de renovables, cogeneración y extracostes insulares) queda pendiente de la negociación presupuestaria con un Gobierno en minoría.
La parte sindical tampoco está conforme. "El estatuto no tiene el alcance previsto", lamenta el presidente del comité de empresa de Megasa, Carlos Bascoy, que critica la tibieza del Gobierno a la hora favorecer contratos a largo plazo (PPA) entre las compañías eléctricas y los consumidores electrointensivos. "No es solución suficiente y no garantiza un coste eléctrico industrial comparable a Europa", concluye Bascoy.
Al representante de la plantilla de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, no le gusta este estatuto. "No ofrece una garantía clara" y "abre demasiado el abanico de empresas", opina. Corbacho entiende que no es viable fijar un precio por megavatio en un mercado libre, "pero sí se puede hablar de suelo y techo —matiza— y ahí el Gobierno no ha querido entrar". Sin estos límites y ante la "volatilidad" —dice— de los precios no hay garantías de que Parter reactive las electrólisis, lo permitiría blindar el empleo más allá de 2021. El fondo suizo solo garantizó el empleo dos años y puso como condición para volver a producir aluminio primario que el precio baje de 40 euros MWh.
El problema de fondo, a juicio de Corbacho, es que "las eléctricas tienen demasiado poder en este país". El líder sindical pide seguir el modelo de Alemania, donde el Gobierno exonera a la industria de gran parte de los cargos de la factura. En ese sentido, critica la falta de valentía del Ejecutivo central: "Había que ser más arriesgado", opina.
Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron ayer que realizarán aportaciones y alegaciones al estatuto por entender que tiene carencias, plantea dudas y resulta en algunos aspectos insuficiente.
El conselleiro de Industria, Francisco Conde, afirmó que "la única realidad" es que hay una dotación económica "que es la mitad de lo que había en 2017 y con más empresas beneficiarias". "Es muy difícil que las empresas que más necesitan de este tipo de ayudas como Alcoa San Cibrao puedan tener una respuesta en términos de precio competitivo", sentenció.
DESEQUILIBRIO TERRITORIAL
Los contenidos del Estatuto del Consumidor Electrointensivo que por ahora ha hecho públicos el Gobierno incluyen una definición de los beneficiarios potenciales mucho más amplia que la prevista en el primer borrador de la norma, presentado en febrero de 2019 y aparcado semanas después al hilo de las reservas expresadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El cambio ha sido así: en la primera redacción tenían cabida plantas industriales con consumos superiores a 40 gigavatios al año (equivalentes al consumo de 11.500 hogares); en la versión más reciente el listón se pone en un gigavatio (consumo de 286 familias). Consecuencia: la estimación de beneficiarios pasa de 276 a 600.
Bajar el límite de 40 gigavatios a un gigavatio permite el acceso de numerosas industrias transformadoras y con ello favorece a los territorios especializados en ese tipo de fábricas. Esto explica que el número de beneficiarios potenciales del estatuto electrointensivo se triplica en Cataluña (153), casi se triplica en Navarra (25) y se cuadruplica en Comunidad Valenciana (94). En País Vasco y Aragón, ambas con un alto perfil industrial, los beneficiarios potenciales de la rebaja de la luz (44 y 43, respectivamente) se duplican o están muy cerca de hacerlo.
El Noroeste pierde peso. Galicia pasa de 13 beneficiarios potenciales a 31. El incremento global le perjudica, pero no tanto como a Asturias que —con excepción de La Rioja, escasamente electrointensiva—, es la región fabril menos favorecida por la ampliación de la nómina del estatuto electrointensivo: pasa de 13 a 19 empresas. Los resultados de Castilla y León también están alejados de los de Cataluña o Valencia.
