A Parter Capital „dueño de la antigua Alcoa A Coruña„ el nuevo borrador del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos no le vale. El fondo de inversión suizo comunicó ayer a los trabajadores de A Grela que presentará alegaciones al proyecto de real decreto del Gobierno porque el texto actual hace inviable volver a producir aluminio primario en las plantas de A Coruña y Avilés, que compró a Alcoa en julio y que por ahora dedica a fundición. Parter ha hecho cálculos y estima que el paquete de medidas impulsadas por el Ministerio de Industria dejará el coste eléctrico para este año en 49,58 euros megavatio-hora (MWh). Este precio imposibilita la reactivación de la electrólisis, para lo que el fondo exigió desde el principio que el megavatio baje de los 40 euros.
La regulación del marco eléctrico industrial es vital para el futuro de la factoría de A Grela y sus 332 empleados directos. El empleo del 100% de la plantilla está garantizado hasta agosto de 2021; así se estableció en la compraventa de Alcoa a Parter, que impidió el cierre (pretendido por la multinacional) de las dos factorías con la intermediación del Gobierno. El estatuto electrointensivo estaba llamado a fraguar aquella operación, brindando a la gran industria un marco eléctrico estable y competitivo, a la altura países como Alemania o Francia.
A juicio de patronal y sindicatos, las metas del estatuto quedan por el momento insatisfechas, a la vista del proyecto que el Gobierno abrió a consulta pública el martes. Si la luz industrial no baja de 40 euros MWh, Parter no volverá a encender las cubas electrolíticas en Alu Ibérica (nombre actual de las antiguas fábricas de Alcoa de A Coruña y Avilés). Sin electrólisis, no hay garantía de empleo a partir del verano del año que viene. No obstante, la compañía analizará con detalle el impacto que pueden tener los acuerdos bilaterales de compraventa de energía a largo plazo (PPA), que ahora contarán con cobertura pública de riesgos de hasta 814 millones de euros incluida en el estatuto.
La factura de la luz supone hasta el 40% de los costes de producción de empresas como Alcoa. La última planta de la multinacional estadounidense en España, la de San Cibrao (Lugo), corre peligro. El complejo aluminero de A Mariña sostiene unos 1.200 empleos directos. La plantilla está en plena lucha porque la empresa ya advirtió de que el marco energético español hace "inviable" la producir aluminio en el país y duda de que el estatuto en trámites genere el escenario y competitivo y estable que reclama el sector electrointensivo. Ferroatlántica (Cee-Dumbría), Ferroglobe (Sabón), Megasa (Narón), Celsa Atlantic (A Laracha) o Showa Denko (A Coruña) también valoran presentar alegaciones. Las electrointensivas generan 5.000 puestos de trabajo en Galicia según la Xunta.
Diferencial con Alemania
El Ministerio de Industria asegura que el estatuto no discrimina positivamente a las empresas hiperelectrointensivas, como Alcoa, porque "no lo admite" la Comisión Europea (CE), pero sí tiene en cuenta su relevancia y que el objetivo final es acabar con el diferencial de precios con respecto a la industria de Alemania o Francia.
La ministra Reyes Maroto utilizó ayer datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía para destacar que el precio medio de mercado diario (no de la factura final que pagan las industrias con cargos y compensaciones) se situará este año en torno a 39,9 euros MWh frente a los 33,7 de Alemania y los 35,8 de Francia. "Se reduce el diferencial de España con mercados competidores", destacó Maroto, que añadió que "los instrumentos de apoyo a la industria como el estatuto garantizan su competitividad y futuro".
El secretario general de Industria, Raúl Blanco, señaló que el ministerio es "muy optimista" sobre la eliminación del diferencial de precios. Que el número de empresas beneficiarias por el estatuto se eleve a más de 600 y que las autonomías del noroeste como Galicia sean las menos favorecidas por la ampliación de la lista "no es un dato relevante" a juicio de Blanco porque "en ese primer dato no se incluye el tamaño y la importancia de las empresas". El director general Industria señaló que "hay voluntad" de elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2 "hasta el máximo posible" y que hay "poco margen" para atender la demanda de discriminación positiva para las industrias hiperelectrointensivas. "Ha sido una cuestión muy negociada con la CE y quedó claro que no se admitía elementos que generaran que dentro de un mismo sector empresas pudieran tener beneficios diferentes", señaló Blanco. No obstante, la propia memoria que acompaña al estatuto señala que en Francia existe la figura de empresa hiperelectrointensiva y que allí sectores como el de los procesos metalúrgicos y la electrólisis tienen exenciones totales de los cargos por renovables Esa medida fue notificada como ayuda de Estado a la CE y autorizada por esta en 2018.
Según el Gobierno, el estatuto tendrán unos 600 beneficiarios, a los que se bonificará en un 85% cargos de su factura de la luz, lo que supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones, que, sumados a las compensaciones por costes de CO2, que fueron de 172 millones el año pasado y cuya cuantía se quiere elevar para este, situarán por encima de los 262 millones el apoyo a estas industrias.
