Alu Ibérica „firma que engloba las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés, antes de Alcoa„ presentó ayer sus alegaciones al borrador del estatuto electrointensivo con el que el Gobierno trata de dar competitividad a la industria que más energía necesita para producir. Por primera vez desde que el fondo de inversión suizo Parter Capital compró las dos factorías „en julio„, ayer emitió un comunicado público en el que tachó de "jarro de agua fría" la propuesta del Ejecutivo, pues "no sería suficiente para salvaguardar los empleos". Según sus cálculos, la rebaja del coste eléctrico planteada por Industria no basta y advierte de sus consecuencias. "La empresa y sus 323 trabajadores de las series de electrólisis [168 en A Coruña y 155 en Avilés] dependen de que el Gobierno cumpla su compromiso de acabar con el alto diferencial de costes eléctricos en España", avisa la aluminera.
Las series de electrólisis llevan un año paradas tanto en la fábrica de A Grela como en la asturiana. Alcoa consideró que no era rentable seguir produciendo aluminio primario y el comprador (Parter) en su plan de inversiones se comprometió a reactivar estas cubas solo en caso de tener "precios de la electricidad por debajo de los 40 euros por megavatio-hora (MWh)". Ayer la firma fue más lejos en su exigencia al asegurar que "la producción de aluminio primario precisa un precio estable por debajo de los 35 euros/MWh". La firma estima que las medidas previstas en el borrador dejarán el coste de la luz industrial muy por encima, entre 45 y 49 euros. "El estatuto „concluye Alu Ibérica„ no lograría reducir el amplio diferencial existente con los precios eléctricos que pagan sus competidores homólogos de Francia, Alemania y Suecia para fabricar aluminio primario, que está por debajo de los 35?euros/MWh". Con el planteamiento actual, la compañía considera que la regulación del Gobierno "no sería suficiente para salvaguardar los empleos de los trabajadores de series de electrólisis en ambas plantas, 168 empleados en A Coruña y 155 en Avilés".
Sin precios eléctricos "estables, predecibles y competitivos" Parter advierte de que "no sería viable" reactivar las líneas de producción de aluminio primario de las dos plantas, sobre las que asegura que "la empresa está preparada" para poner a punto "en nueve meses". El tiempo corre en contra de los 328 trabajadores, que gozan de un blindaje de dos años (el fondo suizo asumió al 100% de la plantilla durante 24 meses) que finaliza en agosto de 2021. A partir de esa fecha, no hay garantías de empleo y el fondo supedita el proyecto al rearranque de la electrólisis y a la cifra de negocio de aluminio secundario (fundición), al que se dedican las plantas en la actualidad.
De los 328 empleados coruñeses, más de la mitad (168) están asignados a las operaciones de electrólisis, por lo que la compañía advierte de que estos puestos de trabajo están directamente en riesgo con un coste eléctrico que hace inviable producir aluminio.
La compañía recuerda que tiene "aprobado" un plan de inversión de 20 millones de euros y que hace ocho meses, cuando el megavatio rondaba los 50 euros, el Ministerio de Industria prometió que se reduciría entre 12 y 15 euros (a 38-35 euros), en el marco de las negociaciones de venta de Alcoa.
Aportaciones de la CIG
El sindicato CIG también presentó ayer sus alegaciones al estatuto electrointensivo, que "continúa sin establecer la estructura para una tarifa que ayude a revertir la crisis permanente en la que viven este tipo de industrias con grandes consumos eléctricos", en palabras del secretario xeral, Paulo Carril.
La central critica que el 57% de la reducción prevista en la tarifa está ligada a medidas ajenas al estatuto o que dependen de los Presupuestos Generales del Estado. Pide "progresividad" en las ayudas y eliminación de peajes.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, llamó ayer a la oposición a aprobar los Presupuestos para evitar que las empresas electrointensivas españolas se queden "rezagadas" y se comprometió a alcanzar un pacto de Estado por la industria durante esta legislatura.
