El Consejo de Ministros dio luz verde esta semana a los proyectos para crear dos nuevos tributos en España: el impuesto sobre determinados servicios digitales o tasa Google, que gravará ciertas actividades de las multinacionales del negocio digital, y el impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, concebido para gravar a los intermediarios que intervienen en la compraventa de acciones cotizadas en el mercado bursátil . La tramitación de ambos proyectos arranca acompañada de incertidumbres en torno a su eficacia recaudatoria y, en el caso de la tasa Tobin, de controversia acerca de quién soportará al final la nueva carga. Según las instituciones de inversión colectiva, los ahorradores que tienen fondos de inversión y de pensiones están expuestos a sufrir menoscabo económico. Según el Gobierno, no tiene por qué ocurrir así necesariamente.
La situación concierne a decenas de miles de gallegos que tienen fondos de inversión y de pensiones con exposición a la Bolsa. En concreto, a aquellos con dinero colocado en productos denominados mixtos —cuyos gestores invierten parte en renta fija y parte en renta variable— y los llamados variables puros. Los estudios de la patronal Inverco muestran que el 60% de los más de 13.000 millones de euros que los gallegos tienen invertido en los citados fondos lo están en las citadas categorías.
El 15% de los gallegos (unos 406.000 ciudadanos) tiene algún plan de pensiones contratado. Según los últimos datos regionales de Inverco, a cierre de 2018 el patrimonio colocado en estos productos ascendía a 3.435 millones de euros en la comunidad, con una media de casi 8.500 euros por plan. El 64% son planes de pensiones mixtos y otro 10% de renta variable, con lo que la exposición a la tasa Tobin alcanza al 74% de las pensiones privadas gallegas.
En cuanto a los fondos de inversión, hay unas 414.000 cuentas de partícipes en Galicia —algo más que planes de pensiones—, que acumulan 9.996 millones de euros —el triple de capital que los planes para la jubilación—. Más de la mitad (52%) están expuestos al mercador, entre mixtos (43,5%) y de renta variable (8,2%).
El impuesto cuya creación aprobó ayer el Gobierno supone aplicar un tipo del 0,2% sobre el precio de la contraprestación que reciben los intermediarios al comprar acciones por cuenta propia o para un tercero, siempre que se trate de empresas españolas y con un valor bursátil superior a mil millones de euros. En ese perfil encajan, por ejemplo, casi todos los grupos cotizados del Ibex-35 (incluida por supuesto Inditex), con excepción de IAG, que tiene su sede en Londres; ArcelorMittal, que la tiene en Luxemburgo, y Ence, cuya capitalización está, al menos transitoriamente, en menos de mil millones. Sí entra otra cotizada gallega, la biofarmacéutica PharmaMar (antigua Zeltia). La recaudación estimada por el Gobierno es de 850 millones anuales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el gravamen, entre otras razones, como una especie de compensación por las ayudas públicas recibidas por los bancos —por las antiguas cajas de ahorros, principalmente— y afirmó que ni este impuesto ni la tasa Google " tienen por qué repercutir en ningún tipo de servicio final". "De ninguna manera tendría que repercutir en el usuario final", reiteró a preguntas de los periodistas tras el último Consejo de Ministros.
La opinión de la patronal española de las instituciones de inversión colectiva, Inverco, es distinta. "Dado que esta tasa va a gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por intermediarios bursátiles, la aprobación de este impuesto afectará tanto a partícipes de fondos de inversión como de pensiones", afirmó a consultas de este diario Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Añadió que la repercusión en el usuario no se produciría a través de las comisiones que cobran las gestoras de fondos (las de los bancos, por ejemplo), sino que será aplicada por los intermediarios que hacen las compras bursátiles por encargo de los fondos "como un mayor valor de compra de las acciones". "Afectará de igual forma a inversores grandes y pequeños", concluyó Martínez-Aldama. Un estudio de Inverco sostiene que, de acuerdo con los datos actuales de contratación de acciones españolas, el patrimonio de los fondos de inversión podría verse reducido el 8% en 25 años por el efecto del tributo.
