La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificó ayer la posibilidad de parar la actividad en las empresas si existe riesgo de contagio por coronavirus, señalando que se trata de una medida guiada por "un único propósito", el de "la prevención de la salud", y que "para una democracia este es el bien principal". Así lo explicó ante los medios de comunicación, que le preguntaron por la guía de actuación lanzada por su departamento con consejos sobre cómo actuar ante el brote de coronavirus.

El documento recuerda que, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante una posible exposición a un riesgo grave e inminente, las empresas deben informar lo antes posible y adoptar medidas necesarias para interrumpir la actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

En este sentido, la guía señala que los propios trabajadores, a través de su representación unitaria o los delegados de prevención, pueden acordar la paralización de la actividad por el riesgo de contagio, una posibilidad que ha corroborado Díaz en su declaración. "Pueden tanto la parte empresarial como los propios trabajadores", dijo la ministra, recordando también que "hay tipos penales que abordan esta situación en caso de incumplimiento".

La titular de Trabajo dejó claro que lo dispuesto en la guía no hace más que recoger lo establecido en la propia legislación laboral y que su propósito con este documento es "dar absoluta tranquilidad a los trabajadores" y facilitar "todos los canales para prever las situaciones que pudieran darse".

Interpretación "restrictiva"

La Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus, que puede consultarse en la web del Ministerio, insta a las compañías a realizar una "interpretación restrictiva" del concepto "grave e inminente" y recuerda que "la mera suposición o la alarma social generada no son suficientes". Y no solo será competencia y obligación de las empresas paralizar la actividad en caso de riesgo "grave e inminente" de contagio, sino también de los trabajadores.

"La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador", reza la guía del Ministerio de Trabajo. Es decir, si una compañía se ve obligada a registrar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y puede justificar que lo hace por fuerza mayor, la empresa no deberá asumir las cotizaciones y al trabajador le contará como que no ha dejado de cotizar. El coste lo asumirá el erario público. Y, en caso de que la empresa se vea obligada a despedir a empleados, las indemnizaciones las asumirá el Fondo de Garantía Salarial.

La guía recuerda que, dentro de la normativa laboral, existe la posibilidad de recurrir al teletrabajo y a los ERTE para reducir o suspender total o parcialmente la actividad de la empresa en caso de que sea necesario.Si alguna empresa afectada por el coronavirus paraliza su actividad sin tramitar un ERTE, los empleados conservarán el derecho a su salario. En el caso de que el ERTE sea por fuerza mayor (aislamiento forzoso o cierre por decisión de la autoridad sanitaria) será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral. Si el ERTE se justifica por causas organizativas, técnicas o de producción (falta de suministros o descenso de la demanda) se deberá tramitar conforme a lo previsto en la ley. La guía insta a las firmas a abordar acuerdos colectivos o individuales "de carácter excepcional" para promover el teletrabajo sin que este suponga coste alguno para los trabajadores.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que el Ejecutivo estudiará implementar ayudas fiscales o deducciones a las empresas si el coronavirus se prolonga. Asimismo, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, señaló que las economías del euro están listas para aplicar "medidas fiscales" ante el coronavirus. El FMI admitió ayer que la economía crecerá en 2020 a un ritmo inferior al 2,9% registrado en 2019.