Alu Ibérica, empresa que engloba las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés que Parter compró a Alcoa el pasado verano, aumenta su presión sobre el Ministerio de Industria para conseguir una rebaja mayor en su factura de la luz. La compañía informó ayer de que envió una carta al Gobierno en la que le indica que "deben cumplirse los compromisos adquiridos en junio de 2019 [en la recta final del proceso de venta] cuando se aseguró que tendrían unos costes eléctricos adecuados para volver a producir aluminio primario en A Coruña y Avilés". Alu Ibérica, que por el momento trabaja solo la fundición, advierte de que las medidas incluidas en el proyecto de Estatuto de Consumidores Electrointensivos suponen "rebajar entre 0,50 y 3,2 euros/MWh [megavatio-hora] y así es imposible arrancar la producción de aluminio primario en nueve meses", por lo que descarta reactivar las electrólisis en este año con el marco eléctrico previsto. En ese sentido, la firma insta al Ejecutivo a "que se incluyan las alegaciones al estatuto".

De la reactivación de las cubas electrolíticas que Alcoa paró hace un año por falta de rentabilidad dependen directamente 168 empleos en A Coruña y 155 en Avilés; 323 entre ambas, que suponen más de la mitad de la plantilla. Los trabajadores tienen sus puestos blindados hasta agosto de 2021, dos años desde la venta. A partir de ese momento, el futuro de la planta depende de si es viable reactivar la electrólisis y también del éxito del negocio secundario al que se dedica por ahora.

Alu Ibérica manifestó ayer en un comunicado que se "siente defraudada ante la incertidumbre de un compromiso que no acaba de afianzarse". A su juicio, "las medidas presentadas [por el Gobierno] no son en absoluto efectivas" y critica que dejan el coste eléctrico entre 13 y 20 euros/MWh más caro que el de otros países europeos, como Alemania, Francia o Suecia.

La aluminera reclama que se distinga a las empresas hiperelectrointensivas (que necesitan mucha más energía para producir), para las que pide mayores bonificaciones, tales como la exención del 80% de los peajes eléctricos. También, incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética una garantía de compensación de los costes indirectos de CO2 con el 25% de los ingresos de las subastas de estos derechos de emisión.

Frente a las críticas, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, defendió el estatuto electrointensivo como el "mejor presentado en la historia de España".

Críticas de patronal y sindicatos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, reivindicó ayer que los gobiernos deben ser "conscientes" de los elevados costes energéticos que tiene que hacer frente la industria, especialmente la electrointensiva, a la que hay que dar un "apoyo explícito".

Los juicios de la patronal coinciden con los de los sindicatos UGT, CIG y CCO, que ayer comparecieron de forma conjunta en A Coruña para anunciar que se concentrarán el día 11 contra el "secretismo" del Gobierno con el estatuto electrointensivo.

"El estatuto es insuficiente y, por tanto, habría que crear algún tipo de medida complementaria", aseguró Xosé Bouzas, de la CIG, quien cargó contra la "opacidad" con la que el Gobierno central está abordando la regulación del nuevo marco eléctrico industrial, del que desconocen hasta el modo en que se publicitará: "Si es a través de un real decreto o a través un trámite parlamentario".

En el mismo sentido se pronunció Víctor Ledo, de CCOO, que aseguró que a estas alturas "el Gobierno no tiene hoja de ruta marcada" y teme, al igual que sus homólogos en UGT y CIG, que esta incertidumbre ponga "en riesgo" el futuro de la industria electrointensiva de Galicia.

"No queremos ser un desierto industrial", apuntó Javier Carreiro, de UGT, e hizo un llamamiento a los trabajadores de ese sector para que el próximo miércoles les acompañen en la concentración que tendrá lugar frente a la Delegación del Gobierno.