El comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña ha pedido esta tarde al Gobierno que "intervenga" la empresa o participe en ella para poder "fiscalizar" todo el proceso, "salvaguardar la industria nacional y no depender del mercado exterior", sobre todo en esta situación de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El presidente del comité de A Coruña, Juan Carlos Corbacho, calificó ayer de "chocante" que "no había ningún interlocutor" de Alcoa participase ayer en la reunión. Los sindicalistas afearon a Industria esta ausencia en un encuentro que tenía por objetivo demandar a Parter Capital Group, que adquirió las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés hace menos de un año, información sobre sus planes industriales y de empleo para estas fábricas tras la venta de la mayoría de su paquete accionarial al grupo Riesgo.

"Lo que tenía que decir Parter aquí más o menos lo sabíamos, queríamos saber la versión de Alcoa que puso en entredicho la venta y está estudiando una posible vulneración del acuerdo de compraventa firmado", sostuvo al término de la reunión el presidente del comité de empresa la antigua Alcoa en A Coruña, Juan Carlos Corbacho.

"Tenía que haber un careo entre Parter y Alcoa para aclarar la situación jurídica y legal sobre la titularidad de la empresa y en qué situación estamos porque, a día de hoy, no lo tenemos muy claro", defendió ayer Corbacho. El presidente del comité de empresa de A Coruña ha exigido a Parter y a Industria los contratos de compraventa, tanto de Alcoa con Parter como de este fondo de inversión con el grupo Riesgo para "que se clarifique todo". Además, ha reclamado una "intervención de las empresas y que el Gobierno entre ellas para fiscalizar todo el proceso, y eso tiene que hacerlo desde dentro". "Creemos que deberían intervenirlas al 100%", apuntó.

Los representantes de los trabajadores inciden en que lo más importante es llevar a cabo los planes industriales y garantizar el empleo y las medidas laborales para que las comarcas donde están implantadas estas factorías no sufran un gran impacto por esta situación.

"Emplazamos al Gobierno a que tome cartas en el asunto, creemos que nos han tomado el pelo", apuntó Corbacho, que afirmó no tener "confianza ninguna en todo lo que se está haciendo". El representante de los trabajadores considera que el Gobierno falló en su deber de vigilancia y fiscalización.

Las partes han quedado en que volverán a verse, aunque no han fijado fecha.