El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estima que cuando esté plenamente operativo el ingreso mínimo tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros.

Durante una rueda telemática en La Moncloa, ha dado esta cifra "prudentemente" tras cruzar en las últimas semanas datos de encuestas con datos de las rentas de los potenciales beneficiarios.

Y tal y como había avanzado previamente en el Senado, ha asegurado que a partir del mismo momento en que entre en vigor, se podrá solicitar la prestación. "El pago de la prestación se podrá empezar ya el mes de junio, sí", ha dicho.

"Yo llevaré al Consejo de Ministros una norma que a definir un ingreso mínimo vital con una prestación de la Seguridad Social", ha dicho sin especificar en que momento de la segunda quincena de mayo aprobará la medida el Consejo de Ministros.

Además, ha avanzado que están diseñando un sistema multicanal para hacer la solicitud con el objetivo de poder llegar a los más vulnerables por lo que no solamente se utilizarán los canales que existen en la Seguridad Social sino que están explorando canales adicionales a través de otras administraciones para ser lo más eficaz posible.

Sobre si la medida debe ser temporal o permanente, se ha referido a las "abrumadoras" recomendaciones de todos organismos internacionales que insisten en que España es uno de los países de la OCDE con un mayor problema de pobreza severa y una peor distribución de la renta. "Esto hay que corregirlo. No entiendo que haya apelaciones a que esto sea temporal cuando es un problema estructural", ha añadido para añadir que el concepto de renta básica universal es distinto y conllevaría una reconsideración del Estado del Bienestar.

Finalmente, ha negado que la norma contemple que se beneficien los okupas que se hayan empadronado. "No hay nada de cierto, es parte de estas noticias que circulan sin ninguna base, no responde en absoluto a nada que esté planteado en la norma que está preparándose y que va a salir", ha concluido.