Siendo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y sus colaboradores en ese organismo elaboraron un informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en el que están las líneas maestras de las reformas que el propio Escrivá pensaba acometer desde el Gobierno. A medio y largo plazo, esa apuesta consiste en frenar las jubilaciones anticipadas, para acercar la edad efectiva del retiro a la edad legal, y en considerar toda la vida laboral para el cómputo de la pensión.

A corto plazo, el ahora ministro defendió en la Airef y en distintos foros públicos una reordenación de gastos e ingresos para cerrar el déficit contable del sistema. La reforma supone, por ejemplo, que la Seguridad Social deje de soportar gastos como las bonificaciones para incentivar el empleo. También, modificar la estructura de las cotizaciones sin subirlas. Empresas y trabajadores pagan cotizaciones para cubrir contingencias comunes (jubilación, enfermedad...) y para el desempleo.

El criterio de Escrivá era hasta ahora que en España el nivel de las cotizaciones por desempleo es alto comparado con otros países, hasta el punto de que suele generar superávit. El ministro abogaba por reducir la parte de las cotizaciones dirigida a ese capítulo y elevar la que sufraga las pensiones. La escalada en el gasto en prestaciones de desempleo debido a la crisis provocada por los efectos de la pandemia por coronavirus en la economía española resta ahora viabilidad a ese planteamiento.