Las medidas de confinamiento y parálisis adoptadas para luchar contra la pandemia del Covid-19 han provocado la destrucción de 816.767 empleos entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, según los datos proporcionados ayer por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la Comisión de Trabajo del Senado, Díaz explicó que se perdieron 898.822 empleos durante los primeros quince días de este confinamiento, momento a partir del cual el descenso se detuvo y comenzó una contención, gracias a las medidas públicas adoptadas, en especial, los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE).
La ministra señaló que han sido los asalariados, sobre todo del régimen general -con la excepción del sistema especial agrario-, los más afectados tanto en términos absolutos como en relativos con 768.604 trabajadores que han perdido su empleo (-5,17%), frente a los 48.163 autónomos (-1,47%).
Por sectores económicos, el agrícola apenas se ha visto afectado e, incluso, ha crecido algo en las últimas semanas, y el industrial ha perdido 80.857 empleos. La construcción ha sufrido el mayor desplome, pero está siendo también el que se está recuperando a un mayor ritmo, de forma que, aunque perdió 173.000 empleos hasta Semana Santa, ha recuperado ya más de 78.000, lo que ofrece un balance de 95.601 puestos de trabajo menos.
El sector servicios es el que ha destruido más empleo en cifras absolutas, con 650.000 de los 800.000 empleos perdidos, si bien hay que tener en cuenta que este sector da trabajo al 75% de los ocupados. Y dentro de los servicios, detalló que la hostelería (con 147.057 empleos perdidos) ha sido la más afectada, seguida por el comercio (117.713 menos), las actividades administrativas, que han perdido 110.509 puestos de trabajo, algo que ha atribuido al desplome de las actividades relacionadas con el empleo, o sea, a las ETT, y la construcción (95.619 empleos perdidos). A continuación se encuentran la industria manufacturera y la educación, que, sumadas a las cuatro anteriores, explicarían tres de cada cuatro empleos destruidos.
En la misma comisión, Díaz dejó claro que su Ministerio va a seguir trabajando en la derogación de la reforma laboral "cuando sea posible" porque el país ahora está haciendo frente a una pandemia, aunque eludió mencionar el acuerdo alcanzado la semana pasada entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar "íntegramente" la normativa de 2012, que fue matizado horas después por el PSOE aludiendo sólo a los aspectos más lesivos. Además, dicho acuerdo llevó a la CEOE a dejar en suspenso el diálogo social.
La derogación, según se recogía en el acuerdo programático, y, conforme la ministra ha afirmado en otras ocasiones, se abordaría en dos fases, en una primera en la que se tratarían los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, mientras que en otra posterior se abordaría la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
"Este país merece un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y creo que las relaciones laborales no pueden quedar relegadas a un texto que, aunque refundido, bebe de las fuentes del año 1980", apostilló tras dejar claro que "este país se merece tener una norma que esté a la altura de las nuevas relaciones laborales del siglo XXI, ojalá podamos hacerlo y lo hagamos".
Paro al 36%, según Fedea
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que la tasa de paro efectiva en abril alcanzo el 36,4%, con 8,4 millones de parados, sumando el paro registrado, los afectados por ERTE y por ceses involuntarios de actividad ligados al Covid. Por ello ve especialmente "desaconsejable" en este momento derogar la reforma laboral de 2012 al ser "esencial" la flexibilidad para mantener el empleo. Esta previsión se traducirá en un "fuerte deterioro" de las cuentas públicas, estimando un incremento del gasto público de en torno a 50.000 millones de euros y una caída de ingresos de una cuantía similar, lo que arrojará un déficit presupuestario de más de 130.000 millones, casi el 12% del PIB.
