Las intenciones de Alcoa para la planta lucense de San Cibrao se han confirmado. Directivos de la empresa aluminera se reunieron ayer en un restaurante de Lugo con los representantes de los trabajadores que escucharon su destino: la multinacional planteará -tal y como se había adelantado- un "despido colectivo" que afectará a 534 empleos. Previamente abrirá una ronda de consultas "informales" con los trabajadores que se prolongará durante tres semanas. Desde el comité de empresa se pide "valentía" al Gobierno central para intervenir la empresa.
Alcoa explicó en un comunicado los motivos de la decisión de prescindir de 534 trabajadores en el proceso de "despido colectivo" que pretende iniciar tras un periodo informal de contactos con los trabajadores. A los problemas "estructurales" que emanan de los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, suma el exceso de capacidad global que, según defiende la multinacional, "han causado significativas pérdidas recurrentes". Las "graves circunstancias y a situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio", aduce la compañía, dirigen a esta situación a la factoría lucense.
El complejo industrial de San Cibrao está integrado por una planta de aluminio y otra de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente. La reestructuración prevista afecta a la primera -"solo a una parte de la fundición", informó Alcoa- mientras que la producción de alúmina "no se verá afectada por este periodo informal de consultas".
El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao (Lugo), José Antonio Zan -de CCOO- reclama al Gobierno central que "sea valiente" e intervenga la compañía. Zan asegura que está en su mano "intervenir la empresa y quedarse con una parte del accionariado", por lo que le pide que "se ponga a legislar" tras "la falta de respeto por parte de la empresa", pues "es vergonzoso cómo se comporta Alcoa", explicó tras la reunión.
UGT y CIG se manifestaron en términos similares. UGT mostró su "total oposición" al cierre que traerá, dijo, el "hundimiento económico de toda la provincia de Lugo". La CIG pidió "el retorno al ámbito público" del sector del aluminio con presencia en la comunidad.
