La caravana de automóviles efectuada ayer por los trabajadores de Alu Ibérica por las calles de A Coruña, que concluyó ante la Subdelegación del Gobierno, fue respondida por Grupo Industrial Riesgo, nuevo propietario de la antigua factoría de Alcoa advierte la dirección, con la advertencia de que si persiste esta actitud "podrían asistir a una situación de cierre o reducción de plantilla". La empresa señala que se trataría de una operación "similar" a las realizadas en plantas industriales de Lugo o Barcelona", en alusión a la fábrica de Alcoa en San Cibrao y a las plantas de Nissan en la capital catalana.

La movilización de los trabajadores exigió al Gobierno central que dé una solución al problema que sufre la planta coruñesa mediante una intervención de la empresa y coincidió con el fin del plazo impuesto por Alcoa a Parter Capital para que cumpliese las condiciones del pacto que suscribió en julio del año pasado para la venta de la fábrica, aunque la multinacional estadounidense no ha mencionado todavía que aspectos se han incumplido.

La marcha, que partió de las instalaciones de Agrela y llegó hasta el centro de la ciudad, se desarrolló al mismo tiempo que una parte de la plantilla empezaba a cobrar sus salarios, aspecto sobre el que carecía de información por parte de las empresas implicadas en este proceso, por lo que los empleados tenían el temor de no recibir sus emolumentos.

Defensa de los derechos

"Que no les quepa duda de que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores", declaró el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, tras conocer la amenaza de Grupo Riesgo, de la que dijo que le debe quedar claro "que no compró una plantación de algodón y que no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI y hay unos derechos que los trabajadores defienden lo mejor que pueden".

Grupo Riesgo se quejó ayer de la "falta de apoyo" del comité y aseguró que "las continuas acciones en contra del proyecto de futuro" de las que les responsabiliza "generan "confusión entre el resto de los trabajadores". Según esta firma, que adquirió en abril las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, el "único fin" las protestas y declaraciones "es la desestabilización del plan que la compañía quiere llevar a cabo sin tener una alternativa real a cambio".

Riesgo invitó al comité de la fábrica de A Coruña "a seguir los pasos del de Avilés", del que dijo que "está ayudando y trabajando en la implementación del proyecto con el objetivo de garantizar el futuro de las plantas y del empleo". También se lamentó de que la representación sindical de la factoría coruñesa "no reconozca el esfuerzo y la inversión" que manifestó haber realizado desde la adquisición de las plantas. La empresa anunció además que estudiará si la protesta sindical "ha contravenido las normas de seguridad e higiene dictadas en el estado de alarma", a lo que el presidente del comité replicó que los trabajadores permanecieron continuamente con mascarilla a pesar del intenso calor que se vivió en la ciudad y que se redujo el recorrido previsto inicialmente para causar menos molestias a la ciudadanía.

"La culpa no la tiene la plantilla, que está defendiendo sus derechos, la culpa la tiene quien entra por la puerta de atrás a espaldas de los trabajadores y de unos acuerdos firmados", reaccionó López Corbacho a las acusaciones de Grupo Riesgo contra el comité. El portavoz de los trabajadores calificó de "mafiosa y perversa" la forma en la que la empresa puso "en entredicho la defensa de los derechos de los trabajadores". En su opinión, los nuevos propietarios de la factoría "cada vez demuestran más que no dejan de ser una empresa de trapalleiros y que lo único que quieren es ganar tiempo para destrozarla y robar todo lo que puedan".

Los trabajadores destacan que en las últimas semanas no han recibido ninguna información sobre el futuro de la planta por parte de Alcoa, Parter ni Grupo Riesgo. "Seguramente nos enteraremos de lo que pase por la prensa, lo que nos parece inaudito e irrespetuoso", puso de relieve López Corbacho en referencia tanto al cobro de sus salarios en el futuro como a las inversiones que Alcoa se comprometió a efectuar cuando firmó el acuerdo de venta con Parter.

"Este país se tiene que sentar y lograr un pacto político y social para salvaguardar la industria del país", declaró el presidente del comité sobre su reclamación de que el Gobierno intervenga la empresa para evitar su cierre. "Sin industria no vamos a ser capaces de recuperarnos de una situación tan dramática como la que se acaba de pasar por el Covid", explicó López Corbacho, quien puso a Francia como ejemplo de lo que debe hacer España al decidir concentrar en su territorio la producción de automóviles que sus empresas llevan a cabo ahora en otros países.

"No podemos dejar en manos de multinacionales que vengan aquí a extorsionar y destrozar nuestro tejido industrial para que se vayan sin más", advirtió el sindicalista, para quien el Gobierno "tiene que reaccionar" en este asunto. Corbacho comparó la crisis causada por la pandemia del coronavirus con la que vive la industria española al manifestar que "la vacuna del Covid puede tardar un poco, pero la vacuna para proteger la industria la tienen, saben cuál es y cómo aplicarla". En su opinión, las medidas ya anunciadas por otros países "aquí también se pueden aplicar porque estamos en la Unión Europea", por lo que reclamó al Gobierno "la misma contundencia".