Han pasado casi sesenta años del nacimiento de la empresa Aluminio de Galicia en el polígono de Agrela, en A Coruña. Cincuenta se cumplen este otoño de la inauguración de la producción de la primera colada de aluminio en la factoría de San Cibrao en Lugo. Ambas fueron emblemas de progreso económico en sus respectivas áreas de influencia. Han sobrevivido a décadas con continuos cambios en su propiedad y a los caprichos del mercado aluminero, que cada vez depende más de los costes de la electricidad para persistir. Los trabajadores de una y otra factoría se resisten a pensar que es el final, pero lo cierto es que en la actualidad la producción de aluminio primario solo pervivía en San Cibrao (Cervo) y desde esta semana la amenaza de despido colectivo pone en peligro su supervivencia. Mientras, la factoría coruñesa se enfrenta otra vez a un futuro incierto tras la venta el pasado verano al fondo suizo Parter Capital, y hace apenas un mes al Grupo Industrial Riesgo. Sobre esta última operación penden dudas de su legalidad que quedarán resueltas esta misma semana.

►1960 y 1978. El nacimiento de dos fábricas punteras. El 9 de septiembre de 1960 inició su actividad en el polígono de Agrela Aluminio de Galicia, una fábrica que en aquella época llamaba la atención por sus larguísimas naves para la producción de los preciados lingotes de metal. La empresa se asoció con el grupo francés Pechiney hasta el año 1985 y fue uno de los emblemas del progreso económico de A Coruña junto con la refinería de Petrolíber (Repsol). Dieciocho años después, ya en los setenta, las empresas Aluminio de Vilagarcía y Alúmina Española levantaron dos factorías en el complejo Alúmina-Aluminio de San Cibrao por un importe de 95.000 millones de pesetas. En diciembre de 1978 se conseguía allí la primera colada y la fábrica era oficialmente inaugurada por dos Juan Carlos I y doña Sofía el 6 de octubre de 1980.

►1985. La nacionalización, la integración en Inespal. El gobierno de Felipe González integra las fábricas de A Coruña y Cervo (Lugo) -esta última ya estaba en manos públicas bajo la firma Endasa- en la empresa pública Industria Española del Aluminio (Inespal) junto con la planta de Avilés.

►1998. La privatización: venta a Aluminium Company of America. Las fábricas alumineras de A Coruña y San Cibrao (alúmina y aluminio) y otras siete plantas de Inespal pasan a manos privadas en 1998, durante la privatización del sector público empresarial ejecutada por el Gobierno de José María Aznar. La multinacional Aluminium Company of America (Alcoa), que era líder en la producción de aluminio, se quedó con todas las factorías de Inespal. Además de los complejos coruñés y mariñano, asumió centros en Arteixo, Avilés, Toledo, Vizcaya, Huesca y Alicante. Ese año se firmó la venta, y se abrió un periodo de incertidumbre que en el caso de Lugo culminó con el despido de cientos de trabajadores y la amenaza de cierre de la factoría. Esos despidos, coincidentes con la crisis ecológica de los vertidos de bidones del buque Casón en aguas de A Costa da Morte, serían declarados nulos tras el proceso judicial abierto con posterioridad. Cuando Alcoa se decidió a invertir en España, lo hizo viendo las posibilidades que la factoría coruñesa y sobre todo la de San Cibrao tenía como trampolín para un mercado europeo que absorbía el 30% de la producción mundial de aluminio. En 2005 el grupo norteamericano contaba en España con 5.000 empleos en sus centrales.

►Llega la desinversión. En los primeros veinte años en los que la multinacional estadounidense gestionó las antiguas fábricas de Inespal cerró cinco de nueve y vendió otras dos -A Coruña y Avilés el verano pasado-. El complejo mariñano sobrevivió a este trance, con su proceso de alúmina, más rentable, y el de aluminio primario, por ser de mayor dimensión que el de sus vecinas coruñesa y asturiana.

►La ayuda pública: 15 años de energía subvencionada. El acuerdo de venta de Inespal a Alcoa incluyó una cláusula beneficiosa para la multinacional, referida al recibo de la electricidad, que supone el 40% de los costes de producción del aluminio. El Estado concedió a Alcoa el derecho a percibir una contraprestación de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) por el incremento del precio de la energía durante los 15 años siguientes al traspaso, hasta un tope equivalente al precio de la venta de Inespal. La SEPI abonó los 381 millones de euros a Alcoa antes de cumplirse el plazo que acababa en 2013, de manera que la operación le salió redonda al recuperar en ayudas eléctricas el 100% de lo que había destinado a adquirir las plantas alumineras. Durante esos años los balances de Alcoa en A Coruña y Avilés fueron sustanciosos. Proporcionaron entre 1998 y 2011 1.492 millones de euros. Esta circunstancia no evitó las políticas laborales restrictivas en ocasiones. Tras obtener beneficios por valor de 406 millones en esas plantas, en 2012 presentó un expediente de regulación de empleo ante "la previsión de pérdidas y reducción de la producción mundial".

En 2013, el Gobierno decidió que las ayudas se concederían mediante una subasta a la que Alcoa tendría que concurrir con otras industrias intensivas para rebajar su factura eléctrica. De nuevo, amenazó con cierres, también en Galicia, que no consumó.

►Ayudas al empleo condicionadas al marco eléctrico estable. Desde 2017 Alcoa ha reclamado a las autoridades gallegas y españolas su intervención ante el descenso de sus beneficios. También con el ánimo de condicionar los apoyos públicos al mantenimiento del empleo en Galicia a la necesidad de un marco estable en el suministro eléctrico.

►Cambio de propiedad y futuro incierto en A Coruña. El complejo aluminero coruñés se encuentra enmarañado desde que el pasado verano Alcoa vendiese al fondo suizo Parter Capital las fábricas de A Coruña y Avilés en una operación conjunta que dio lugar a la creación de Alu Ibérica. El pasado 15 de abril trascendió la venta de ambos complejos a Grupo Industrial Riesgo en una operación que se fraguó desde septiembre de 2019, apenas un mes después de que Parter adquiriera las plantas a Alcoa. Esa operación de venta de la mayoría accionarial en las plantas incumple, según Alcoa, el acuerdo adquirido en el mes de julio. Y es que cuando Alcoa vendió las plantas de A Coruña y Avilés (integradas en Alu Ibérica) al fondo suizo Parter Capital, se comprometió a pagarle 100 millones, de los que ya ha entregado la mitad. A cambio, el fondo tenía que presentar un plan industrial y poner a andar las dos fábricas. Parter anunció a su vez la reventa a Grupo Riesgo, y Alcoa congeló un pago de dinero a las fábricas, doce millones que están ahora en un fideicomiso. Parter no cumplió las condiciones, y Alcoa le ha presentado un ultimátum: tienen hasta el 4 de junio para romper el último contrato de venta. Esto deja solo tres escenarios posibles: que Parter rompa con el neonato Grupo Industrial Riesgo; que no lo haga; o que Riesgo cumpla las condiciones del contrato. Y todo esto en un contexto Alu Ibérica aumenta su presión sobre el Ministerio de Industria para conseguir una rebaja mayor en su factura de la luz. La compañía aguarda a que se cumplan los compromisos adquiridos en junio de 2019 cuando se aseguró que tendrían unos costes eléctricos adecuados para volver a producir aluminio primario en A Coruña, algo que, de momento no ha ocurrido. Alu Ibérica trabaja de momento solo la fundición. El Ejecutivo ha anunciado la reactivación inmediata del Estatuto tras el parón de su tramitación a causa del Covid-19.

►Pérdidas en San Cibrao. Los elevados costes energéticos, la sobreproducción y la caída del precio del aluminio en los mercados, que lo hacen menos competitivo, han reducido la rentabilidad de la planta de San Cibrao. Precisamente estos son los argumentos con los que Alcoa ha anunciado esta semana el "despido colectivo" de 534 personas en la fábrica. Ante la amenaza, el Gobierno Sánchez trata de convencer a la multinacional contrarreloj para cejar en su empeño y preservar la que hoy por hoy es la última planta aluminera de España.