El plan de incentivos a la automoción en el que trabaja el Gobierno aspira a movilizar casi 10.000 millones de euros hasta 2025 para apuntalar un sector estratégico para la economía nacional. El programa, que bebería de los 140.000 millones de euros que recibirá España del plan de reconstrucción de la UE, contempla ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos, al achatarramiento, un cambio en la fiscalidad del sector, créditos a la industria -imitando los planes de competitividad que tan buen resultado dieron en la crisis financiera-, apoyo a la innovación y medidas también de carácter laboral. El Gobierno pretende acelerar su presentación tras el fiasco que conducirá al cierre de Nissan en Barcelona a finales de año.

El plan no es nuevo. Ya estaba sobre la mesa del Ejecutivo el año pasado pero no se llegó a ejecutar por falta de presupuesto. Además, la crisis del Covid-19 ha obligado a modificar algunos puntos para contrarrestar las políticas proteccionistas que países como Alemania o Francia están desarrollando para fortalecer su industria y atar el desarrollo del vehículo eléctrico.

¿Qué incluirá el plan español? Nuevos programas de ayudas Moves, Moveas y al achatarramiento, es decir, se bonificará la compra de coches con independencia del sistema de propulsión y el combustible (eléctricos, híbridos, diésel o gasolina), aunque sí variará la cuantía. También se mejorará la fiscalidad del automóvil, se apoyarán las actividades de I+D, se aprobarán nuevos programas de competitividad con créditos blandos para el dispositivo industrial, e incluirá medidas de carácter laboral, como avanzó pero sin concretar el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El sector espera con ansia la presentación de este plan, que todavía no tiene fecha para su aprobación: será llevado a Consejo de Ministros pero se desconoce cuándo. El Gobierno aspira a canalizar parte de la ayuda europea que llegará por el Covid para relanzar el auto, con una inversión de algo más de 2.600 millones de euros que se multiplicarán por tres con el efecto arrastre de las propias empresas, rozando los 10.000 millones de euros hasta 2025.