Los trabajadores coruñeses de Alu Ibérica y los empleados lucense de la aluminera de San Cibrao pertenecían a la misma empresa, Alcoa, hasta el pasado 31 de julio. Entonces la multinacional norteamericana vendió sus plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter -que en marzo la revendió sorpresivamente al Grupo Riesgo-, y hace una semana anunció el cierre de la planta de aluminio primario de A Mariña junto con el despido de 534 operarios. Ayer, diez meses después de dejar de trabajar para la misma compañía, los antiguos compañeros de A Coruña y San Cibrao salieron a la calle por el mismo motivo: exigir al Gobierno central que intervenga las factorías para salvarlas del cierre.
"Nos movilizamos para demandar la intervención de la empresa por parte del Gobierno en este momento tan crítico", aseguró ayer el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho. "No se ha invertido un euro en la planta, nos han robado un año", aseguró antes de calificar como "proceso Reyes Maroto" al procedimiento de venta de la factoría y a los acuerdos de inversión y mantenimiento del empleo derivados de aquella operación. Corbacho recordó que entonces la ministra de Industria "vino a hacerse la foto" y señaló que "de fracasar este proceso los últimos responsables son el Ministerio y el Gobierno de España".
"A día de hoy, no tengo constancia de que el Grupo Riesgo esté en esto de manera legal", dijo durante la movilización celebrada ayer en la plaza de María Pita, que congregó fundamentalmente a los trabajadores de la planta. En este sentido, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se mostró convencida de que el Gobierno central "actuará en defensa de la viabilidad de la factoría" y también de que el Ministerio Industria "aclarará en la Mesa Técnica del jueves las irregularidades de la venta al Grupo Riesgo". Rey exigió al Gobierno gallego "que asuma sus competencias" y que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, a los que acusó de estar "desaparecidos" en este "conflicto laboral", "se pongan a trabajar para garantizar el empleo y la industria de la comarca".
El número dos del BNG por la provincia para los comicios del 12 de julio, Xosé Luís Rivas, Mini, exigió la "intervención pública" de la factoría y que se destine "parte de los fondos europeos", unos 1.300 millones, para evitar el cierre de Alu Ibérica y Alcoa-San Cibrao.
Por su parte, unas 4.000 personas acudieron a la llamada de los comerciantes de Xove (Lugo) en repulsa contra el cierre de la aluminera, "el principal motor económico de la comarca". A los asistentes, ataviados de negro, se sumó un coche fúnebre y ataúdes al frente de la marcha. El comité de empresa de Alcoa San Cibrao reclamó la intervención de la fábrica por parte del Gobierno y exigió que la multinacional Alcoa se siente a negociar en la mesa multilateral convocada por el Ministerio de Industria para el próximo martes. Dos días después se celebrará la correspondiente a Alu Ibérica.
