El sector de la automoción destacó ayer la importancia de ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor y de adaptar la educación a las necesidades de las empresas y ha pedido "seguridad jurídica" para poder desarrollar la transformación que está llevando a cabo la industria. En esto coincidieron diferentes directivos del motor en una conferencia online sobre automoción organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que participaron el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos; el de Gestamp, Francisco José Riberas; la presidenta de Sernauto, María Helena Antolín; el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, y el de Ganvam, Raúl Palacios.
En general, solicitaron a las administraciones "seguridad jurídica" y "homogeneidad normativa". De los Mozos (Renault) subrayó el "compromiso" del sector con la descarbonización del parque de vehículos, pero insistió en "adaptar" los objetivos para 2040 debido a la crisis del coronavirus, que hará que en España este año se produzcan 700.000 vehículos menos. También resaltó la importancia de atraer inversiones para producir modelos electrificados en territorio nacional. "Si producimos productos residuales estaremos sorprendidos de que nos lleguen malas noticias de cierre", apostilló el también presidente de Renault en España.
Riberas reconoció que "existen grandes riesgos para el automóvil en nuestro país". "Lo cierto es que estamos asistiendo ya a una gran pelea entre fábricas entre distintas partes del mundo para atraer nuevos modelos, especialmente los de futuro, como los eléctricos y los híbridos enchufables. El hecho de que no existan centros de decisión en España no hace más que incrementar el riesgo a futuro de nuestra industria", advirtió.
