El Ministerio de Industria informó ayer de que "va a iniciar el procedimiento para requerir" a Alcoa y a Parter "información que justifique el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de empleo" de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés (englobadas en la firma Alu Ibérica) que la multinacional americana vendió al fondo suizo hace un año para luego dejarlo en manos de Grupo Riesgo esta primavera. Así lo anunció Industria en un comunicado tras reunirse vía telemática la Mesa de Seguimiento de Alu Ibérica, en la que participaron los comités de empresa de A Coruña y Avilés, junto con representantes de Parter Capital Group y de las administraciones central y autonómica, tanto Xunta como Principado de Asturias. El representante de la plantilla coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, insistió en que la operación de reventa fue "un fraude y un engaño", pero valoró que "el Ministerio se pone en marcha" para fiscalizar a las empresas.

Tanto Parter como Alcoa recibieron el año pasado ayudas estatales para producir en A Coruña y Avilés (por costes de emisión de CO2 y por interrumpibilidad), por lo que el Gobierno recuerda que están obligadas a demostrar el cumplimiento de sus compromisos laborales. Según concretó el comité de empresa de la planta aluminera de A Grela, el ministerio da un plazo de 25 días a las compañías para que aporten la documentación, entre la que figuran los contratos de compraventa de las dos fábricas de Alcoa a Parter, en julio de 2019 y posteriormente de Parter a Riesgo, una operación que Alcoa dio por buena a principios de este mes.

Según Corbacho, el año pasado Alcoa se comprometió con los trabajadores a que el contrato impediría al nuevo inversor dejar la planta en manos de un tercero. "O se nos mintió o no se cumplió esa cláusula", lamenta. El Gobierno podrá comprobar la literalidad de los acuerdos en cuanto las empresas faciliten la información.

Entre otras medidas, la venta de la fábrica coruñesa de Alcoa el año pasado supuso un compromiso de mantenimiento del cien por cien de la plantilla durante dos años (hasta agosto de 2021) y el desarrollo de un plan industrial que todavía no se ha puesto en marcha. "Nos dieron dos años para ejecutarlo pero ya es muy difícil porque van doce meses y no se ha realizado ninguna inversión ni se han dado las formaciones", critica Corbacho.

El Ministerio prometió ayer que "continuará desarrollando un trabajo de monitorización del cumplimiento de los compromisos suscritos el 15 de enero y el 31 de julio de 2019, así como el desarrollo del plan y la actividad industrial en ambas plantas". También aseguró que "seguirá trabajando en el desarrollo de un marco energético estable y predecible", en alusión al esperado Estatuto del Consumidor Electrointensivo, con rebajas en la luz para las fábrica que más consumen. A la espera de una solución, la industria electrointensiva coruñesa y los afectados por los cierres de las térmicas de As Pontes y Meirama se manifiestan mañana a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno en defensa del empleo en el sector industrial.