El Gobierno y los representantes de empresarios, autónomos y trabajadores asalariados alcanzaron ayer acuerdos para prorrogar hasta el 30 de septiembre y con cambios en las condiciones los dos mecanismos que se han aplicado desde mediados de marzo, con el inicio del estado de alarma, para contener la destrucción de empleo, el cierre de negocios y la caída de la renta de los hogares: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de actividad de los autompleados. En ambos casos, la prórroga es de tres meses y vuelve a incluir rebajas en las cuotas a la Seguridad Social, aunque con ajustes que las hacen menos generosas que las ahora vigentes. Los acuerdos suponen un balón de oxígeno para las empresas más afectadas por la pandemia, principalmente aquellas que no han podido reactivar plenamente su actividad. En Galicia han sido más de 280.000 los trabajadores por cuenta ajena acogidos a ERTE desde el inicio de esta crisis -por fuerza mayor y causas productivas o de organización-, y cuatro de cada diez autónomos (cerca de 85.000) se han acogido a la ayuda extraordinaria habilitada para este colectivo.

Aunque el texto aclara que la prolongación -para ambas medidas- expirará el 30 de septiembre, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, no descartó que se habilite una nueva prórroga hasta final de año. "Cuando se acerque esa fecha, podremos considerar" esa nueva extensión, apuntó. Es lo que también pondrá sobre la mesa la patronal: "Seguimos trabajando para que en el mes de septiembre podamos abordar cómo se afrontará el último trimestre del año, siempre con el deseo compartido por las partes de que para entonces se haya recuperado toda la actividad posible", resumió en un comunicado. Una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto que recogerá los compromisos que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social alcanzaron ayer con las patronales CEOE y Cepyme y con los sindicatos UGT y CC OO, en el caso de los ERTE, y con los colectivos de autónomos ATA, UPTA y Uatae. Los detalles que han trascendido sobre lo pactado se explican en los siguientes puntos.

E ERTE. A partir del 30 de junio y hasta el 30 de septiembre, se mantienen los ERTE de fuerza mayor total y parcial y se buscará la transformación de estos últimos en expedientes de regulación por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción). En todos las modalidades los trabajadores afectados conservan las condiciones vigentes: cobro de la prestación de desempleo sin consumir derechos acumulados antes de la crisis ("contador a cero") y sin necesidad de haber cotizado previamente el período mínimo que da derecho a la prestación en situación ordinaria. La cuantía sigue en el 70% de la base reguladora, con los límites máximos y mínimos que fija la ley en función de las circunstancias familiares.

A instancias de la CEOE, el Gobierno renuncia a suprimir los ERTE de fuerza mayor totales y los mantiene para los casos de empresas que no hayan podido reanudar la actividad y para los de aquellos negocios que pudieran verse obligados a cerrar por rebrotes de la pandemia. No obstante, las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social serán menores: ahora eran del 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores que no han podio abrir y pasarán a ser, en el mismo caso, del 70% en julio, el 60% en agosto y el 35% en septiembre. Si el cierre es por un rebrote, la exoneración llegará al 80% para esas pymes y al 60% para las mayores.

Menguan también las bonificaciones en caso de ERTE de fuerza mayor parcial (empresas que reanudan actividad de manera gradual), con tasas que van 25% al 60% según el tamaño de la empresa y en función de si se trata de un trabajador reincorporado o de uno que permanece en regulación. El Gobierno mantiene el criterio de aplicar mayores beneficios por los trabajadores que vuelven al trabajo, para incentivar a las empresas a reincorporarlos.

La nueva regulación alentará, con requisitos que no han trascendido, la transformación de ERTE parciales en expedientes por razones objetivas. Para empujar en esa dirección en este punto sí hay una mejora en la bonificación de los pagos a la Seguridad Social: hasta ahora, las empresas acogidas esa modalidad abonaban el 100% de las cotizaciones y ahora pasarán a tener beneficios análogos a los de las empresas con ERTE de fuerza mayor parciales.

E Prestación por cese. El acuerdo estipula que los autónomos que a 30 de junio estén cobrando la prestación -por tanto exonerados de pagar a la Seguridad Social- tendrán el siguiente régimen de bonificaciones: 100% de las cotizaciones al régimen especial autónomo correspondientes a julio, 50% en agosto y 25% en septiembre. En relación al cobro de la prestación propiamente dicha, se establece un cambio hacia un modelo que se asemeja al subsidio ordinario de paro de los autónomos que ya existía. Tendrán derecho a percibirlo quienes acrediten caídas de ingreso superiores al 75% durante el trimestre en relación al mismo del año anterior y a condición de que sus rendimientos netos en ambos períodos fuesen inferiores a 1.940 euros mensuales. Los cambios suponen también que, para acceder al cobro (70% de la base de cotización) y al contrario que hasta junio, los autónomos tiene que haber cotizado durante al menos un año.

Escrivá estimó que el gasto para la Seguridad Social en ERTE entre mediados de marzo y finales de septiembre se situará en una horquilla de entre 10.000 y 11.000 millones de euros. Lo apuntó durante la rueda de prensa para presentar este II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, en la que también participó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. "Los agentes sociales una vez más dan ejemplo, tienden la mano cuando más crispación social hay, cuando quieren que haya ruido en vez de calma", valoró Díaz. Para la gallega, este acuerdo sirve para dos cosas: para reactivar la economía y para volver al trabajo. No obstante, también considera que da seguridad y certeza y que sirve para proteger a los sectores que están siendo más golpeados por esta crisis, pero también para proteger a los territorios que por esta especificación salen también más golpeados. "Esta perspectiva está en este acuerdo social por el empleo", zanjó.