El Gobierno pone por delante que está "comprometido con la industria y su competitividad" pero sostiene que "no puede interferir" en la propiedad de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés (englobadas en la firma Alu Ibérica) que el fondo de inversión Parter Capital acaba de dejar en manos de Grupo Riesgo tan solo unos meses después de comprarlas a Alcoa en un proceso tutelado por el Ministerio de Industria. En una respuesta parlamentaria al BNG, el Ejecutivo rechaza investigar las circunstancias en las que se produjo la venta de Alu Ibérica porque es, asegura, "completamente ajeno a esta operación" realizada "en un marco de libre mercado".
Esta postura choca con las aspiraciones de la plantilla, que ayer mismo volvió a salir a la calle para exigir la intervención estatal de la fábrica. Varios trabajadores de Alu Ibérica A Coruña se concentraron por la mañana en Betanzos coincidiendo con un mitin de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, para demandar al Ejecutivo central que recurra la venta al Grupo Riesgo. Miguel Conde, delegado sindical, aseguró que esta venta "no es legal" e incumple los acuerdos alcanzados con los trabajadores, por lo que demanda al Estado "que de una vez intervenga las empresas para tener un futuro y una viabilidad, que fue a lo que se comprometieron", recalcó, cuando se llegó al acuerdo para la venta de Alcoa en julio de 2019.
En la última reunión de la Mesa de Seguimiento de Alu Ibérica, el pasado jueves, Industria informó de que "va a iniciar el procedimiento para requerir" a Alcoa y a Parter los contratos de compraventa y otra "información que justifique el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de empleo" en las fábricas de A Coruña y Avilés ya que las compañías han sido beneficiarias de ayudas públicas que conllevan compromisos laborales.
Sin embargo, la respuesta remitida por el Gobierno al BNG por escrito, con fecha del día 8, deja poco margen a una acción intervencionista como la que reclaman los trabajadores. "¿Va el Gobierno a investigar las circunstancias en las que se produjo la venta de Alu Ibérica?", preguntaba el diputado nacionalista Néstor Rego. El Gobierno responde que "la venta de Alu Ibérica [de Parter a Riesgo] se ha producido en este ámbito de libre mercado, por lo que las circunstancias en que se produjo corresponden exclusivamente a las partes".
Rego cuestionaba también sobre si el Gobierno "se plantea no avalar" la operación si esta "no asegura la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo", a lo que el Ejecutivo responde que es "completamente ajeno" a la compraventa, "por lo que no puede avalarla".
La venta de Alcoa a Parter firmada en julio de 2019 con la supervisión del Gobierno incluía cláusulas sobre el desarrollo de un plan industrial y la obligación de mantener al total de la plantilla de las dos fábricas durante 24 meses (hasta agosto de 2021). Los trabajadores dudan ahora de que haya tiempo para desarrollar un proyecto serio en las plantas en los doce meses que restan de garantía de empleo y temen que Riesgo -que el año pasado no superó el filtro de Alcoa para hacerse cargo de las plantas- se comporte como un grupo liquidador y vuelva a poner la fábrica en riesgo de cierre.
El escrito en respuesta a las preguntas de Rego es claro: "El acompañamiento del Gobierno en la solución a diferentes crisis industriales está fuera de toda duda" pero "no puede interferir en las decisiones de compraventa que las empresas, en un marco de libre mercado, adoptan respecto a sus centros productivos, como es el caso de Alu Ibérica". Por otra parte, recuerda que el estatuto electrointensivo, para abaratar la luz de la gran industria, estará "aprobado próximamente".
