La Xunta y el comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña (antigua Alcoa) enviarán un escrito conjunto al Ministerio de Industria para solicitarle que realice una auditoría técnica y financiera en la planta, controlada ahora por Grupo Riesgo, con el fin de aclarar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la venta y asegurar que se harán las inversiones que pactaron hace un año Alcoa y Parter (comprador inicial).
Así lo anunció el conselleiro de Economía, Empleo e Industria en funciones, Francisco Conde, tras una larga reunión -de más de tres horas- con el comité de empresa de la fábrica de aluminio de A Coruña, en la que participaron el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, y director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces.
Después del encuentro, Conde explicó que una de las peticiones que harán al Gobierno es una auditoría técnica y financiera que investigue, en primer lugar, "el grado de cumplimiento de los compromisos" acordados por Alcoa y Parter en la venta de julio de 2019. En segundo lugar, detalló que la auditoría debe "establecer" el compromiso financiero, desde este momento y hasta julio de 2021, que debe cumplir la actual directiva de Alu Ibérica, formada por el Grupo Riesgo, que detenta el 75 % de las acciones, y por Parter Capital, que tiene el 25 %.
"Pretendemos que se pueda garantizar por parte del Gobierno si Alu Ibérica está cumpliendo los compromisos alcanzados con Alcoa en julio de 2019 y que se clarifiquen los términos de la operación por la cual el Grupo Riesgo adquiere el 75 %", ha indicado el conselleiro.
La tercera reclamación que harán en el escrito es la aprobación inmediata del Estatuto para consumidores electrointensivos.
"Tenemos dos prioridades, la primera es que por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, se establezca un precio competitivo que garantice la producción de aluminio primario", sostuvo Francisco Conde.
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, indicó que es "necesario" realizar esa "auditoría completa", que abarque el aspecto financiero y técnico.
Preguntado por la posibilidad de que sea la administración autonómica la que haga la auditoría, el titular de Industria, dijo que "el Ministerio fue el garante de este acuerdo" -en referencia a la venta de Alcoa- y "es el que conoce el alcance" tanto en la planta coruñesa como en la de Avilés. "No tenemos el contenido del contrato de compraventa", afirmó Conde, e incidió en que el Ministerio de Industria es el que tiene la "legitimidad" para acometer la auditoría.
Corbacho denunció que la situación de la fábrica es "bastante crítica" y "muy peligrosa" debido "a la falta de un precio de la electricidad competitivo", además del "problema empresarial". Por otra parte, el diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego acusó ayer a PSOE y Unidas Podemos, partidos con mayoría en la Mesa del Congreso, de "hurtar el debate" sobre Alcoa y Alu Ibérica al no haber incluido en el pleno de esta semana una moción urgente de la formación nacionalista sobre las plantas y su posible intervención.
