A Coruña tiene la oportunidad de subirse a un tren cargado de ayudas de la Unión Europea para afrontar la descarbonización derivada del cierre de las centrales de As Pontes y Meirama. De su capacidad para conseguir billetes (mediante la presentación de proyectos atractivos y viables) y de su habilidad para ocupar las mejores plazas en el convoy (defendiendo unos criterios de reparto de los fondos que hagan valer su condición de provincia muy afectada por la transición energética y sus esfuerzos para avanzar en ella) dependerá que se alcance el destino deseado: una recuperación económica sostenida por actividades verdes. Para ello habrá disponibles ayudas de hasta 1.806 millones que podrían movilizar inversiones de más de 6.700 millones de euros.

En el escenario presupuestario que planteaba Bruselas a principios de año para el periodo 2021-2027 se incluían 7.500 millones de euros para el denominado Fondo de Transición Energética Justa, también conocido como Fondo Verde, destinado a comunidades como Galicia, o la vecina Asturias, que tienen que afrontar un proceso de descarbonización con fuertes impactos socioeconómicos. Ahora esa dotación económica podría quintuplicarse y llegar hasta los 40.000 millones de euros según la propuesta de la Comisión Europea. Por un lado, 7.500 millones seguirían llegando del MFF (acrónimo inglés con el que se conoce al marco financiero plurianual de la UE, su presupuesto ordinario) y el resto hasta los 40.000 procederían de los 750.000 millones de deuda del Fondo de Recuperación que ultima la Unión Europea para hacer frente al coronavirus. Estas cantidades, no obstante, dependen del resultado de la próxima reunión del Consejo Europeo. No obstante, a los 40.000 millones del Fondo de Transición se sumará una línea de crédito con condiciones favorables para administraciones públicas de las regiones en transición y otros 45.000 millones de euros adicionales para créditos preferenciales a empresas dentro de InvestEU, lo que fue el plan Juncker. En total, la previsión es que el Mecanismo de Transición Justa movilice al menos 150.000 millones de euros de inversión pública y privada.

▶ Los fondos . A partir de los 7.500 millones con los que estaba dotado inicialmente el Fondo de Transición Justa, la Comisión Europea hizo una propuesta inicial de reparto por países según la cual a España le corresponderían 307 millones de euros, muy lejos de los 2.000 que recibiría Polonia o los 876 de Alemania. Ahora, al elevarse la cuantía hasta los 40.000 millones, el reparto cambia y, según la propuesta lanzada por la Comisión Europea, a España le corresponderían 1.806 millones (Polonia sigue siendo la más beneficiada, con 8.000 millones, seguida de Alemania con 5.152 millones). Este reparto está pendiente de negociación en el parlamento y el consejo europeo, no obstante, la previsión es que se mantenga en esa línea. De esa manera, la cuantía prevista inicialmente para España se quintuplica y a esos 1.806 millones de euros en ayudas podrían aspirar otras siete provincias preseleccionadas por la Comisión Europea como afectadas por la transición ecológica. Son León, Palencia, Asturias, Teruel, Cádiz, Almería y Córdoba, territorios en los que se cerraron minas de carbón y ahora las centrales térmicas que lo quemaban. Teniendo en cuenta los cálculos de la Comisión Europea, las ayudas de 1.806 millones podrían movilizar una inversión público-privada de más de 6.700 millones de euros.

▶ Los proyectos. Según la Comisión Europea, en el caso de España la inversión de los fondos verdes debería centrarse en la creación de nuevas empresas; el despliegue de tecnologías e infraestructuras de energía limpia, renovables y eficiencia energética, así como en investigación e innovación. Recomienda también invertir en la descontaminación del entorno y para paliar los efectos sobre el empleo aconseja destinar fondos a la recualificación de los trabajadores. Otra línea importante tiene que ver con proporcionar apoyo para la búsqueda de trabajo y la inclusión de los parados. El Gobierno central y cada uno de territorios más afectados por la transición energética deberán elaborar un Plan de Transición Justa para justificar su inclusión en el programa de ayudas concebido por la Unión Europea. En ese plan se deberán establecer las grandes líneas de intervención en cada zona y un listado concreto de proyectos, con la iniciativa privada implicada, lo que puede suponer un pasaporte hacia las ayudas.