13 de agosto de 2020
13.08.2020
La Opinión de A Coruña

La industria esquivó los cortes de luz pese a cobrar 100 millones por ello en el último año

Red Eléctrica no ha activado el servicio de interrumpibilidad, con el que empresas como Alcoa abaratan su coste energético, en ningún momento desde julio de 2019

13.08.2020 | 00:42
Instalaciones de Alcoa San Cibrao, principal beneficiaria de las subastas de interrumpibilidad.

Hace tiempo que la industria electrointensiva española se queja de que los resultados de las subastas del llamado servicio de interrumpibilidad son cada vez más pobres. Los datos le dan la razón: Si en 2015 estos descuentos en la factura de la luz de la gran industria rondaban los 500 millones de euros -con cifras similares los dos años siguientes-, en 2018 la cuantía cayó a 300 millones y en 2019, a 200 millones. El desplome fue definitivo en el primer semestre de este año, en el que se repartieron solo 5 millones en la que parece ser la última puja de primas eléctricas en España, al menos tal como se conocían. Pero si el dinero para abaratar la electricidad de las electrointensivas se ha reducido de forma drástica, también lo ha hecho el servicio por el que las empresas reciben esta compensación: la interrupción del consumo de energía de las fábricas cuando el sistema lo requiere por motivos técnicos o económicos. Según ha confirmado Red Eléctrica de España (REE) a este periódico, en el último año el servicio de interrumpibilidad no se activó ni una sola vez en todo el territorio peninsular, por lo que las empresas no sufrieron corte de luz alguno a pesar de haber cobrado 100 millones de euros para ello, 95 millones en el segundo semestre de 2019 y 5 millones en el primer semestre de 2020.

En pleno estado de alarma por la pandemia del Covid-19, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el pasado marzo que el Gobierno había decidido suspender la activación a la gran industria del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria con el objetivo de que las factorías pudieran "seguir funcionando con normalidad". Sin embargo, en ese momento hacía ya al menos nueve meses que REE -operador del sistema eléctrico en España- no daba la orden de desenchufarse a ninguna compañía.

Los últimos cortes de luz del sistema de interrumpibilidad se produjeron en la primera mitad de 2019. Entonces, el mecanismo se activó en tres ocasiones, durante tres horas con un promedio de 453 megavatios hora (MWh) interrumpidos cada hora. En los todos los casos los cortes se decidieron por motivos económicos y ninguna vez por motivos técnicos. La subasta de aquel semestre repartió 101,2 millones de euros.

Asegurar el abastecimiento eléctrico en los momentos puntuales en que el sistema no lograba atender la demanda fue el objetivo que justificó inicialmente la puesta en marcha del sistema de interrumpibilidad, pero en los últimos años los cortes de luz por causas técnicas se fueron reduciendo hasta desaparecer y el Gobierno añadió la causa económica: interrupciones del consumo de energía encaminadas a rebajar el precio de la luz para el conjunto de los consumidores cuando la demanda se dispara. Tampoco este mecanismo se activó en el último año.

La interrumpibilidad española lleva años bajo la lupa de la Comisión Europea, que la considera una herramienta impropia más allá del objetivo estricto de asegurar de la sostenibilidad del sistema. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha criticado que el coste de esta medida es muy elevado y que en la práctica las primas eléctricas suponen ayudas o subvenciones encubiertas a la gran empresa. Estos bonus se pagan además con cargo a los consumidores a través de costes regulados en las facturas de la luz.

La multinacional estadounidense del aluminio Alcoa ha sido la principal beneficiaria de estas subastas con las que obtuvo, según el Gobierno, 1.000 millones de euros entre 2008 y 2018 para abaratar los costes de sus plantas de San Cibrao, A Coruña y Avilés (estas dos últimas vendidas el año pasado). La puja siempre ha sido elemento de tensión entre la empresa y los poderes públicos. En 2014, cuando Alcoa amagó con cerrar la fábrica coruñesa, el Gobierno salvó la papeleta convocando una subasta extraordinaria de la que la aluminera se llevó 142 millones. Ferroatlántica, Megasa, Showa Denko, Celsa Atlantic son otras de las empresas gallegas que han dependido de las pujas de primas eléctricas.

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