A principios de verano, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) reclamó al Gobierno la convocatoria de la subasta de interrumpibilidad del segundo semestre del año y elevar el presupuesto de las compensaciones de CO2, como medidas "vitales" para el mantenimiento de la industria y evitar la deslocalización de "muchas más" empresas. El sistema de interrumpibilidad está oficialmente inoperativo desde el 1 de julio y el pasado viernes el Ministerio de Transición Ecológica dio la conocer un mecanismo llamado "reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los ajustes del sistema eléctrico", que vendrá a sustituir a la interrumpibilidad y también repartirá incentivos a la industria a través de subastas, la primera prevista para enero. Las patronal electrointensiva prevé que este nuevo sistema aumente el número de competidores, lo que lastrará las posibilidades de las grandes fábricas, que -como Alcoa- son las que más electricidad consumen y venían acaparando estas primas en los últimos años.
A la espera de que perfile el funcionamiento y la dotación del nuevo sistema de pujas, el sector urge la aprobación de un nuevo marco energético industrial que proporcione a las fábricas españolas la certidumbre y la viabilidad que necesitan para alejar el fantasma de los cierres y las deslocalizaciones. El llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo es la herramienta legal llamada a lograr ese objetivo y articular los mecanismos que regulen el precio de luz para la gran industria sin recurrir a las viejas pujas de incentivos. El Gobierno anunció este estatuto hace año y medio como salvavidas de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés, cuando Alcoa -entonces su dueña- amagó con cerrarlas, antes de acceder a su venta. Con la planta de San Cibrao contra las cuerdas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió prometer en los últimos días la próxima aprobación del estatuto.
